El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para radicar en el Congreso, el cual fortalecerá las multas contra las aplicaciones de transporte en Colombia. Gremios y organizaciones se han manifestado en contra de este y hacen un llamado al Estado para no continuar con la medida.
Por medio de la Superintendencia de Transporte, el proyecto de ley se está analizando para ser presentado en el órgano legislativo. Entre las medidas que compete, hay una que corresponde a multas de más de 10 millones de pesos, por el hecho que estas aplicaciones aún no son legales alrededor del territorio.
Otro punto clave de esta medida es que la Policía Nacional, a través de su estructura de tránsito, tendrá la autorización de enviar a los patios los vehículos que presten servicios de transporte durante dos a cuatro meses, sumado a la imposición de multas superiores a los 60 millones de pesos a los dueños de inmuebles que cumplen la función de arrendatarios para los trabajadores de las plataformas.
Por ahora, el documento del proyecto de ley se encuentra realizándose, por lo que aún no hay uno oficial. Sin embargo, se conoce un borrador con las posibles medidas que tendrá el documento final, el cual tiene inconformes a los gremios, por lo que puede generar su aplicación. El gremio de aplicaciones e innovación Alianza In argumentó sus razones para no estar de acuerdo con la medida y le hizo un llamado al Estado.
José Daniel López, director ejecutivo de la asociación, afirmó en un comunicado de prensa que el gremio reitera la voluntad de participar en una construcción de reglas claras con el Gobierno para proteger los derechos de más de 100.000 personas que trabajan con las plataformas digitales. Además, indicó que es clave entender la libertad de elección de los ciudadanos que promueven la movilidad sostenible y la economía digital.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.
Adicionalmente, en el mismo comunicado, la alianza detalló los puntos por los que consideran inviable la postulación y posterior aprobación de este proyecto. En primer lugar, calificaron como grave la eventual aprobación de un proyecto de ley de esta índole, afirmando que va por su tercer borrador para ser radicado en el Congreso de la República. Las razones son las siguientes:
Las plataformas digitales de movilidad serán prohibidas tajantemente. El gremio afirma que el proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de $10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros.
Más de 100.000 conductores quedarían sin fuente de ingresos. La segunda razón que cobija el no apoyo del gremio para esta medida parte de un estudio que la Alianza cita de Fedesarrollo en 2021, el cual indica que más de 100.000 conductores generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44 % estaría desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y el 14 % tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB.
El gremio considera que hay incoherencia en el mensaje que dan y lo que terminan haciendo. La alianza afirma que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del Gobierno del Presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.
Por último, señalan que “es pasarse por la faja el principio de neutralidad de red.” El borrador del proyecto de ley propone una violación flagrante al principio de neutralidad de red, que les prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de internet. Este es un principio del derecho internacional, también previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red.
Además del gremio, varios políticos se han mostrado en contra de este borrador, debido a que consideran que no regulará las aplicaciones, sino que directamente las eliminarán. El presidente del Icetex manifestó en su cuenta de Twitter que son preocupantes algunos puntos del proyecto, poniendo en vilo a miles de conductores que se ganan la vida bajo esta modalidad.
Por su parte, Julián López, representante a la Cámara de Representantes, afirmó en un trino que desde la comisión sexta están listos para debatir a fondo esta medida, esperando que haya una solución que no afecte a los usuarios y personas que viven de estas plataformas. El concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque calificó el borrador de la siguiente manera: “Lamentable el borrador que circula del proyecto de ley para prohibir y castigar fuertemente las plataformas en Colombia. El camino era REGULAR, no dejar sin ingresos a cientos de miles de ciudadanos e imponerles como movilizarse o multarlos por usar las apps. ¡MUY MAL!”.