Lo primero que dejó claro el comando de las Fuerzas Militares es que no los pueden culpar a ellos del reclutamiento forzado de niños para la guerra, argumentando que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra, situación que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los Grupos Armados Organizados (GAO) en el territorio nacional.

Por esta razón, se señaló que son los GAO los llamados a responder por esta conducta según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y lo contenido en el Estatuto de Roma.

“Es necesario tener en cuenta que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, es el ELN quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar”, explica para manifestar que según ellos no es responsabilidad del Estado el reclutamiento de menores como lo señala el senador Iván Cepeda.

Asegura el comando que los objetivos son lícitos a la luz del Derecho Internacional Humanitario, como es el caso de esta estructura terrorista al mando de alias Fabián.

Y finalmente, resalta que los actos urgentes fueron realizados por las autoridades competentes de Policía Nacional y será Medicina Legal quien determine las identidades, sexo y edades de los individuos que murieron en desarrollo de la operación militar.

Además, se precisa que los grupos involucrados en la operación, tienen la “plena certeza de que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del DIH, acatando todos y cada uno de sus principios”.

Fue Cepeda quien expuso que: “De las ocho personas que murieron en ese bombardeo, cuatro eran adolescentes y un menor de 13 años de edad”, por lo que calificó el dato como espeluznante debido a que muestra dos graves realidades; una, que se sigue incrementando el reclutamiento forzado de menores, culpando al gobierno de este flagelo debido a una falta de política de paz.

La segunda situación que expone el congresista es que las Fuerzas Militares continúan utilizando métodos desproporcionados de la fuerza en medio de los operativos contra grupos armados ilegales en los que hay presencia de niños y jóvenes.

Cepeda insiste en que se sigue violando el DIH, razón por la cual comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que quede constancia de “ese macabro cuadro que se está presentando en el país, lamentablemente”.

Es de anotar que el DIH especifica que en combate un mayor de 15 años puede ser considerado objetivo militar. En ese sentido, las Fuerzas Militares (FF. MM.) y el mismo ministro de Defensa, Diego Molano, en anteriores oportunidades y tras hechos similares han dejado claro que los menores que se encuentran en ese punto llevan años de adoctrinamiento y que terminan siendo peligrosos.

Esta situación se debate desde diferentes frentes. Para los psicólogos es claro que un joven de 16 años, a pesar de su estatura y de portar un arma y un uniforme, no cuenta con el desarrollo sociocognitivo para comprender plenamente esta decisión y sus implicaciones, dijo Alejandro Baquero, miembro del consejo directivo del Colegio Colombiano de Psicólogos.

Lo cierto es que los directos responsables de reclutar menores de edad para el conflicto son los grupos ilegales, quienes aprovechándose de las brechas socioeconómicas captan a los jóvenes con un discurso de igualdad, pero en realidad los están utilizando estratégicamente como escudo para fortalecer el cerco de seguridad de los criminales más peligrosos.

La única manera de que esa realidad cambie es que el Estado haga presencia en el territorio con verdadera inversión social, señala el experto. Por ahora, en el caso de Chocó, hasta ahora inician las investigaciones correspondientes para identificar si hubo fallas en los procedimientos y confirmar la información entregada por el congresista Iván Cepeda.