En el limbo quedó la situación jurídica de los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, quienes hace poco reconocieron públicamente su responsabilidad en la cinematográfica fuga protagonizada por la excongresista Aida Merlano cuando asistía a una cita de diseño de sonrisa en un consultorio ubicado en el nororiente de Bogotá.
Este miércoles el juez 56 de conocimiento de Bogotá determinó que la Fiscalía cometió un error al imputarle a los hermanos Pineda Matallana el delito de favorecimiento de fuga, debido a que este delito solamente le puede ser adjudicado a funcionarios públicos, en este caso a los agentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Quien busca reconocer su culpabilidad carece de tal condición especial y tampoco se ha establecido un acuerdo con individuos que ostenten una posición similar”, explicó el juez en la decisión emitida al analizar varios de los argumentos presentados por el procurador del caso y los abogados.
En este sentido señaló que con esta imputación errónea se vulneraron las garantías fundamentales de los dos procesados. Igualmente, consideró que hasta el momento no se pudo evidenciar la “conducta delictiva” de los dos hermanos en los hechos materia de investigación.
“Tampoco se ha establecido un acuerdo para cometer la conducta delictiva con individuos que ostenten una posición similar, en otras palabras ni alias ‘El Boyaco’ ni el paisano, ni la persona identificada como Javier, ni los propios procesados, han sido acreditados por la Fiscalía General de la Nación cómo servidores públicos o como personas que hayan ejercido la custodia de la señora Aida Merlano”, aclaró el funcionario judicial.
En el análisis de la imputación el juez consideró que “no se ha logrado demostrar que los señores Pineda Matallana hayan colaborado de manera conjunta con un servidor público o un particular encargado de la vigilancia, cuando ellos mismos no ostentan tampoco el deber funcional de custodia o transporte de la persona detenida, arrestada o condenada, en el contexto de este caso”.
Frente a este caso, el juez le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía por los constantes errores de la imputación lo que representó una vulneración de los derechos individuales. “Las imputaciones deben estar respaldadas por evidencia sólida y verificable y cualquier duda en cuanto a la participación, debe ser resuelta de manera justa y equitativa”.
En sentido técnico consideró que se presentó una “falta de acreditación” frente a los hechos que le imputaron. “El principio de presunción de inocencia no es una formalidad, es un pilar esencial del proceso penal, que garantiza que la justicia se imparta de manera imparcial y basada en hechos con fundamentos”.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los hermanos Juhass y Jelissa Pineda Matallana, el fiscal del caso reveló las reuniones que sostuvieron con un hombre conocido con el alias de El Boyaco, quien haría parte del Cartel de Sinaloa, la organización dedicada al narcotráfico más peligrosa de México.
“Ya que la fuga de la excongresista estaba planeada y que estaría dirigida por el el cartel de Sinaloa, quienes, en compañía de alias el Boyaco, no solo se ocuparían de su fuga, sino de su salida del país. No solo con el fin de que se fugara, sino que no declara ante el alto tribunal (...) Estas afirmaciones no se hacen de manera conclusiva o haciendo inferencia sobre algún elemento probatorio. Se trata de afirmaciones obtenidas por un agente encubierto, estas fueron tomadas de personas que tuvieron directamente conocimiento de las acciones ilícitas que adelantaron para la fuga”, señaló el fiscal del caso durante la diligencia judicial.
El ente investigador indicó que Jelissa Matallana es la persona que ayuda a la exrepresentante a la Cámara a levantarse del piso en el desesperado intento de fuga. Mientras tanto, Juhas Pineda era la persona que la esperaba en una motocicleta, en la esquina de la calle 116 con carrera Séptima para emprender la huida.
Igualmente, el fiscal del caso reveló que en medio de la investigación varios de los agentes recibieron amenazas de muerte por parte de un número cuyo IMEI estaba en México. “En el mensaje se advierte que se trata de miembros del cartel de Sinaloa. El mensaje decía lo siguiente: ‘Si siguen molestando con la gente de la Costa colombiana, ella no va a hablar. Sabemos que ustedes seguirán haciendo lo posible por capturar a los protegidos. Así que lejos de la política con su caso. La famosa Aida no va a hablar. Los saluda Sinaloa, la guerra en las palabras’. Luego de esto salen del grupo y cancelan el número”.