La exministra de las TIC Karen Abudinen declaró este lunes en calidad de testigo ante la Procuraduría General en el proceso disciplinario que se adelanta contra tres de sus subalternos por la celebración del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados por un valor de 70 mil millones de pesos.

Abudinen reseñó que el proceso licitatorio contó con todos los requisitos que exige la ley. En el estudio de las propuestas, la Unión Temporal (que estaba conformada por cuatro empresas) cumplía con los documentos que establecía el pliego de condiciones por lo que podía participar en el proceso licitatorio.

En este trámite no se recibió ningún tipo de alerta, hecho por el cual el proceso de licitación siguió su curso. “Ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación me dio alguna alerta” frente a los interesados en el proceso de contratación. “Ningún ciudadano mandó ninguna carta de alguna alerta” en todo el proceso de adjudicación.

Considera que la Unión Temporal engañó a todos los filtros con la presentación de documentos falsos. Cuando se dieron cuenta de este engaño se ordenó inmediatamente su intervención y liquidación y se buscó de manera inmediata la forma de que se reintegraran los anticipos. “A nosotros como funcionarios públicos nos engañaron”.

Ante las preguntas del delegado de la Procuraduría, Abudinen aclaró que no fue hasta la audiencia de incumplimiento del contrato que el Banco Itaú les informó que nunca habían expedido la póliza que aparecía en la celebración del contrato. Inmediatamente presentaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General.

En el proceso licitatorio -aclaró- “nadie me informó que el banco no estuvo en el comité fiduciario, nadie me alertó que posiblemente podríamos haber tenido una garantía falsa. Solamente fui informada el día de la audiencia de incumplimiento, Itaú asistió y dijo que no habían expedido la póliza, que era falsa, y nunca habían tenido información sobre una garantía como esta”.

Del mismo modo, la exministra manifestó que cuando supieron que la garantía bancaria que presentó Centros Poblados no fue expedida por el banco, actuaron de manera inmediata, “no esperamos para tomar la decisión de denunciar y abrir un proceso de posible caducidad en ese momento porque no cumplían con un requisito”.

En su declaración aseguró que por este contrato se le abrió una investigación de carácter disciplinario, por lo que está dispuesta a realizar cada una de las aclaraciones que sean necesarias para explicar la forma en cómo se adelantó todo el proceso licitatorio, su posterior celebración y los trámites para revocarlo.

“Ha sido una de las situaciones más difíciles que he vivido desde lo humano, no desde lo jurídico, porque en Derecho hay muchos soportes, pero desde lo humano es diferente, porque he estado en otros cargos y nunca había tenido una situación ni parecida”, precisó.

Abudinen declaró en el proceso disciplinario que se adelanta contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales.