Las diferencias del expresidente Álvaro Uribe con la Corte Constitucional ya son de vieja data. En los últimos años, el exmandatario ha criticado el pronunciamiento del alto tribunal sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las decisiones sobre el aborto y ahora lanzó nuevas ‘pullas’ frente a la fumigación aérea con glifosato.
El regreso de la fumigación aérea para erradicar los cultivos ilícitos había sido una promesa de campaña del Centro Democrático y del presidente Iván Duque, pero la Corte Constitucional se ha atravesado en este propósito.
Este tipo de aspersión se ha convertido en la manera más efectiva de combatir el crecimiento de cultivos ilícitos y a ella han querido regresar desde el Gobierno, pero ha sido imposible. El mes pasado, la Corte Constitucional le puso, nuevamente, puntos suspensivos al tema. El Plan de Manejo Ambiental que preparó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para la erradicación de cultivos ilícitos no pasó el examen de los magistrados, puntualmente de Cristina Pardo, ponente de la decisión que señaló que “no es posible concluir que en el trámite administrativo ambiental se haya garantizado el derecho a una participación pública”.
Por un lado, la Corte ordenó a la Anla, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que, en el término de un año, prorrogable hasta por seis meses más, hagan un proceso de consulta previa. Un año que, sin duda, significa un paso atrás en la batalla que se viene dando.
A pesar de los requisitos solicitados por la Corte, algo que el Gobierno está en mora de cumplir, el expresidente Álvaro Uribe en medio de su campaña se ha referido al tema en varias oportunidades.
La más reciente fue este lunes, desde Putumayo, donde aseguró que “encontramos en Villa Garzón (Putumayo) que el Gobierno hace un gran esfuerzo con la fumigación terrestre de cultivos ilícitos. ¿Por qué no hacerlo en avión, Corte Constitucional?”.
El exmandatario agregó que con la fumigación aérea “rinde más y con menos riesgos”.
Revivir este tema, más en territorios con alta presencia de cultivos ilícitos, resulta popular por parte del expresidente Uribe, pero significa una nueva ‘pulla’ a la Corte Constitucional, cuando el Ejecutivo aún no ha cumplido con los requisitos exigidos por el alto tribunal.
Ahora, el asunto de fondo es que el Gobierno quedó con las manos atadas, por la dificultad que significa realizar una consulta previa, como lo exige la Corte, en más de 104 municipios priorizados, para reiniciar la aspersión. La puja no es nueva. En 2015, el “banderillazo” a la aspersión aérea vino por cuenta de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
Ahora la pregunta es si consultarles a las comunidades significa no solamente un jaque, sino un jaque mate a la estrategia con la que el Gobierno pretendía darles una verdadera reducción a los cultivos ilícitos, uno de los temas más sensibles para la relación bilateral con Estados Unidos.
Referendo
El expresidente Uribe ha mostrado en los últimos años serias diferencias con el sistema judicial, en especial por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, hace algunos meses lanzó una propuesta para convocar a un referendo que tenía entre sus puntos una profunda reforma al sistema judicial.
La idea del exmandatario y que fue defendida también por el Centro Democrático era crear una sola corte, lo que significa un duro golpe a las altas cortes en el país.
Esta propuesta, si bien no prosperó, sí dejó en evidencia las diferencias entre el expresidente Uribe y los altos tribunales.