La Fiscalía General llevó a cabo un importante avance en el caso de Blanca Patricia Márquez Ricaurte, funcionaria judicial en Ibagué, Tolima, quien fue judicializada ante una juez de control de garantías por su presunta implicación en el delito de testaferrato.
De acuerdo con la investigación, el 14 de febrero de 2019, la procesada habría adquirido una casa-finca en un condominio en Pereira por un costo de 220 millones de pesos, a pesar de que el valor real del bien se aproxima a los 1.500 millones de pesos. Lo que ha llamado la atención es que la funcionaria realizó el pago de contado por la propiedad.
El material de prueba recopilado por la Fiscalía reveló que, sobre esta propiedad, se encuentran medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, debido a que supuestamente formaría parte del patrimonio ilícito de John Fredy Zapata Garzón, alias Mesi o Candado, un presunto financista y lavador de dinero para la organización criminal Clan del Golfo.
Las labores de policía judicial indican que Blanca Patricia habría utilizado su nombre para figurar como propietaria del inmueble y, de esta manera, tratar de evadir las acciones legales que pudieran derivar de su presunta relación con el patrimonio ilegal de alias Candado.
Durante las audiencias concentradas, la juez del caso procedió a legalizar la captura de la funcionaria investigada y le incautaron su teléfono celular como parte de la evidencia.
En la audiencia de formulación de imputación, Blanca Patricia negó su responsabilidad en los hechos bajo investigación. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, la juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, asegurando así la presencia de la procesada mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.
Este caso ha generado atención al verse implicada una funcionaria judicial. Se espera que el desarrollo de las investigaciones y el proceso judicial esclarezcan la supuesta implicación de la mujer en el delito de testaferrato y su presunta relación con la red criminal Clan del Golfo.
Capturaron a la ‘secretaria’ del Clan del Golfo
Por otra parte, como Jenihffer Andrea Córdoba, alias La Secretaria, fue identificada la mujer que, según la Fiscalía, se encargaba de evaluar, comparar y pagar la nómina del Clan del Golfo. La mujer fue capturada por la Policía luego de una investigación que permitió conocer en detalle de qué forma la mujer estaba comprometida con este grupo criminal.
Alias La Secretaria fue capturada en un operativo que adelantó la Policía en el barrio Castilla de Medellín. Estaba en su lugar de residencia cuando los investigadores la notificaron de la orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía logró establecer luego de meses de investigación que alias La Secretaria era la encargada de pagar más de 400 millones de pesos a los integrantes del Clan del Golfo, al que estaba vinculada justamente los responsables de una serie de actos criminales contra la población civil, los comerciantes y la fuerza pública en el departamento de Antioquia.
“El material de prueba indica que esta persona, al parecer, distribuía mensualmente más de 400 millones de pesos entre los integrantes del grupo armado ilegal, al que se le atribuyen varios hechos delictivos ocurridos en Segovia, Remedios, Maceo, San Roque, Vegachí, Yolombó, Cisneros, Providencia, Puerto Berrio y Yondó”, dijo el director contra la criminalidad organizada, Ricardo Romero.
La mujer no solo se encargaba de manejar la nómina de los integrantes de la organización criminal, sino de rendir informes a los cabecillas sobre los gastos de la misma organización, la forma en la que se utilizaban los recursos y la destinación que estaban haciendo a las ganancias criminales.
“Asimismo, La Secretaria es señalada de llevar un control de las actividades encomendadas a cada uno de los hombres vinculados a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, y rendir informes a los cabecillas del Clan del Golfo sobre la asignación y gasto del armamento y la munición”, explicó el funcionario.
Con el material de prueba suficiente, las declaraciones y las evidencias recaudadas por los investigadores a lo largo de todo el proceso, un fiscal se encargó de hacer una imputación de cargos por el delito de concierto para delinquir que, a pesar de las evidencias y la contundencia de los elementos recaudados por el ente acusador, no fueron aceptados por alias La Secretaria.