El tema de la falsa titulación de terrenos baldíos en el país, al parecer, es más grande de lo que hasta ahora se ha podido llegar a establecer. En medio del irregular hecho, estarían vinculadas por lo menos un millón de hectáreas que fueron entregadas a falsos colonos.Lo que hasta ahora ha podido conocer la Fiscalía es que los predios fueron entregados a personas adineradas que tenían diferentes propiedades a su nombre, pero que, gracias a diferentes artimañas, lograron posar como ciudadanos de escasos recursos.Hasta el momento, han sido vinculados al proceso empleados públicos, empleados del Incoder y particulares que se apropiaban de terrenos pertenecientes al Estado y se adjudicaban a personas que no cumplían con los requisitos de ley.Por estos hechos, la Fiscalía ha efectuado cerca de 40 imputaciones y prepara otras 200, lo que convierte el proceso en uno de los más complejos y extensos que se han podido conocer en la historia del país.“Podemos decir que para el próximo 10 de julio, la Fiscalía va imputar en Medellín a otras ocho personas, entre ellas cinco funcionarios del Incoder, dos contratistas y un particular”, sostuvo el jefe de la Unidad Anticorrupción, Mario Montes.Hasta ahora, la irregularidad ha sido detectada y denunciada en la costa Caribe, Antioquia y Sucre, pero no se descarta que se haya presentado en otras regiones del país.Lo datos reveladosDesde el 2003, SEMANA investigó las asignaciones de los baldíos en Colombia y publicó su información en el 2012. Allí se evidenció que centenares de hectáreas fueron asignadas a políticos locales, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos y personas que viven y trabajan en lugares muy distantes de las tierras concedidas. Son perfiles sociales que en una primera aproximación no cumplirían los requisitos para ser favorecidos con este beneficio. Mientras que, para el mismo momento, el Incoder adelantaba el proceso para revocar 9.000 resoluciones de titulación de baldíos que comprenderían al menos 800.000 hectáreas, el equivalente al área del departamento de Caldas. En octubre del año pasado, la Procuraduría Agraria de Antioquia reveló que habían sido rechazadas 272 de 295 solicitudes de asignación de baldíos en ese departamento porque los solicitantes tenían otras propiedades y era evidente que no eran campesinos de escasos recursos. Los casos involucrarían más de 100.000 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura. Al otro lado del país, en Meta, la Contraloría identificó un centenar de casos más y comenzó un ejercicio para valorar el multimillonario detrimento patrimonial de la Nación. En la última década, el país ha entregado 2,4 millones de hectáreas de baldíos a 85.219 personas. Que la tercera parte de estas asignaciones esté en entredicho, a juzgar por los procesos que adelantan varias entidades, es resultado de una mezcla de corrupción, debilidad del Estado e interpretaciones equivocadas de la ley.