El contrabando a gran escala no se reduce a televisores de mala calidad que llegan a los Sanandresitos de todo el país, se trata de una industria criminal que incluso necesita de lacayos encargados de lavar las millonarias ganancias que deja la entrada ilegal de mercancía al país.
La Fiscalía logró descubrir cómo una familia en Barranquilla se convirtió, de la noche a la mañana, en unos acaudalados que poco disimulaban su ostentosa vida y lo peor, el miembro más destacado de la familia, resultó ser un funcionario de la Dian, que tenía por encargo combatir el contrabando en el aeropuerto de la arenosa.
“Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones”, dijo la Fiscalía tras confirmar la captura de este clan familiar.
La Fiscalía confirmó que los capturados fueron identificados como: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
“Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad”, señaló el ente acusador al explicar cómo funcionaba la red criminal.
El funcionario de la Dian aprovechó su lucrativa actividad paralela y así invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera, se les dio apariencia de legalidad.
“Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.
Los elementos de prueba permitieron que un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
“La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos, producto de actividades de contrabando en el norte del país… Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia”, advirtió la Fiscalía.
Adicional a la captura del funcionario de la Dian y su familia, la Fiscalía ordenó otras medidas como la extinción de dominio de las propiedades que acumuló gracias a su vinculación con el lavado de activos. Bienes que pasaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales y que estarían avaluados en más de 5.400 millones de pesos.