Para el próximo 25 de julio quedó programada la diligencia en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará la declaración del general en retiro Alejandro Navas por el Caso 04, el cual tiene relación con el conflicto armado en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó. Allí, presuntamente fueron cometidos por miembros de las Farc-EP, Fuerza Pública, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles, desde el 1.° de enero de 1986 y con anterioridad al 1.° de diciembre de 2016.
El oficial en retiro, quien fue comandante del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares, deberá responder por los hechos que se registraron entre los años 1996 y 1997 mientras fue comandante del Batallón Voltígeros de la Guardia, que tiene su sede en Carepa (Antioquia) y está adscrito a la Séptima División del Ejército Nacional.
El general Navas habría tenido conocimiento directo de algunas actividades ilegales que promovieron la violencia en dicha región. En el informe Van por nuestras tierras a sangre y fuego, que fue entregado por las víctimas de la violencia del Urabá a la JEP, se reseña que dicha unidad militar tuvo participación en la ejecución de crímenes en la zona.
En la citación de la JEP se menciona la necesidad de escuchar la versión del general, en la cual deberá detallar los hechos de los que tuvo conocimiento y, si es el caso, aporte a la verdad en este macrocaso.
El otrora embajador de Colombia en Argentina fue designado en noviembre de 2021 gobernador encargado del departamento del Arauca, luego de que un juez ordenara enviar a la cárcel a José Facundo Castillo –mandatario electo para el período 2020-2024– por entregarle contratos a la guerrilla del ELN.
Por el Caso 04, la JEP ya citó al también excomandante del Ejército Nacional general (r) Mario Montoya Uribe, así como al general en retiro Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
Igualmente, se escuchó al general (r) Víctor Julio Álvarez Vargas, excomandante de la Brigada 17 y de la Primera División del Ejército entre 1994 y 1995, así como al coronel (r) Jorge Luis Mejía Rosas, excomandante de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
Incluso, en este expediente se recibió a finales de diciembre pasado la declaración del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. En su declaración, el narcotraficante mencionó a varios oficiales del Ejército por colaborar con las acciones que adelantaron los grupos paramilitares en la región en contra de los civiles.
Otoniel entregó una lista de nombres y dio detalles sobre el “aval” que recibió el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que delinquía en la región. Igualmente, les entregó a los magistrados una lista con los nombres de dirigentes políticos que firmaron un acuerdo criminal.
El documento tiene los datos de los contratistas y las empresas que fortalecieron la presencia de las organizaciones delincuenciales en varias regiones del país, con especial detalle en Meta, Casanare, Guaviare y Antioquia.