A través del Decreto 1543 del 26 de noviembre, el Ministerio del Interior designó al general (r) del Ejército Nacional y exembajador en Argentina, Alejandro Miguel Navas Ramos, como gobernador encargado del departamento de Arauca, teniendo en cuenta la medida de aseguramiento emitida el pasado martes en contra del mandatario José Facundo Castillo Cisneros, quien fue enviado a la cárcel por presuntos vínculos con el ELN.
“Encargar como gobernador del departamento de Arauca al señor Alejandro Miguel Navas Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.181.530, quien actualmente se desempeña en el cargo de asesor código 1020, grado 18, ubicado en el despacho del ministro de Interior, separándose de las funciones del cargo del cual es titular, mientras se designa gobernador por el procedimiento de terna”, se indicó en el Decreto 1543 expedido por la cartera del Interior.
Además, desde ese ministerio señalaron que el presente decreto rige a partir de su expedición, es decir, desde este viernes 26 de noviembre y que sobre esta ordenanza no “procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Alejandro Miguel Navas Ramos tiene 65 años y ascendió a general del Ejército Nacional de cuatro soles el 5 de diciembre de 2010, retirándose de la carrera militar por voluntad propia el 17 de noviembre de 2013.
Entres sus estudios está una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, diplomado en Gestión Ambiental, gerencia de Talento Humano, entre otros. Además, ha sido docente en Ciencias Militares y Ciencias Exactas.
También fue gerente de Indumil y ha recibido más de 50 condecoraciones nacionales e internacionales a lo largo de su trayectoria militar y diplomática.
Facundo Castillo, a la cárcel
Más de tres semanas se tomó un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para definir la situación jurídica del mandatario de Arauca, Facundo Castillo, investigado, capturado y judicializado por los presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios hechos de corrupción durante su administración. El magistrado analizó el material probatorio recaudado por la Fiscalía y presentado en la imputación de cargos, para concluir que es necesario mantener al mandatario detenido y en una cárcel.
Para la Fiscalía, el gobernador enviado a prisión incurrió en la comisión de al menos cinco delitos, que no solo lo dejan como responsable de financiar las acciones terroristas del ELN, sino entregar millonarios contratos a integrantes de esa guerrilla, como fachada para completar ese apoyo económico a la insurgencia.
Dijo el fiscal del caso que los hechos investigados son muy graves y dejaron a la comunidad a merced de la guerrilla, pues si la administración departamental estaba al servicio de ese grupo criminal, con la entrega de contratos tal situación puso en riesgo la seguridad pública.
“La comunidad se encuentra expuesta por el accionar delictivo del doctor José Facundo Castillo, que son bastante graves, sin que se pierda de vista que se ha podido establecer este probable vínculo con la guerrilla, el proceso de financiación, sino también contra la administración pública que el juró proteger”, dijo el fiscal al explicar por qué la necesidad de la medida de aseguramiento.
El fiscal aseguró que la comunidad, la que votó o no por el gobernador Castillo, terminó defraudada, pues los recursos públicos que se le confiaron terminaron en manos de la guerrilla del ELN a través de sus intermediarios o enlaces, los mismos a quienes se entregaron los millonarios contratos.
“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos; la forma en la que actuó el gobernador es una violación directa al las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.
La defensa del mandatario aseguró que la Fiscalía no pudo demostrar que su cliente representa un peligro para la sociedad, de ahí que no existe la necesidad de enviarlo a una cárcel como lo pidió el fiscal del caso. Al contrario, trató de desvirtuar la contundencia de varios testigos que fueron presentados a través de declaraciones por parte del ente acusador.