La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en cumplimiento de lo ordenado por la Sección de Apelación, realizará este martes 17 y hasta el jueves 19 de enero una audiencia única de aporte a la verdad con el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, sobre los hechos sucedidos durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“La audiencia será de carácter dialógico y en ella participarán las víctimas de los hechos ocurridos en el asalto por parte del M-19 y la posterior retoma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública”, señaló la JEP.

En este caso, lo que sigue es que, una vez termine la audiencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluará los aportes de verdad entregados por el general (r) Arias Cabrales y determinará si estos son suficientes para mantener su sometimiento y avanzar en el trámite de beneficios transicionales en esta Jurisdicción.

Cabe recordar que el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, con sede en Bogotá, es el oficial de mayor rango en ser condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

En su contra pesa una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Hace apenas 6 meses, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales perdió el beneficio de libertad condicional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que no ha cumplido con los compromisos para aportar a la verdad en el marco del proceso por los desaparecidos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En el proceso penal que se adelantó contra el general Arias Cabrales se determinó que él tuvo la misión exclusiva de liderar la operación de recuperación del Palacio de Justicia. Fue por esto que ordenó el ingreso de los tanques al edificio, así como la ubicación de las tropas y asignación de funciones a todos miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo.

Igualmente, como manifestaron varios testigos, coordinó la salida de los rehenes del Palacio para que fueran trasladadas a la Casa del Florero. En el fallo emitido por la Corte Suprema, que ratificó la condena de 35 años de prisión, se concluyó que no se realizó un trabajo de apoyo sino de identificación puesto que muchos de ellos eran señalados de ser parte del M-19.

Para la Corte, quedó probado que el general Arias Cabrales tuvo el control total sobre las tropas y “fue por tanto el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”.

Entre otras consideraciones sobre la responsabilidad penal del comandante de la XIII Brigada y el entorno en que sucedió el holocausto del Palacio de Justicia, la providencia consigna:

“El general Jesús Armando Arias Cabrales dirigió el operativo de principio a fin y fue el responsable directo del mando, durante la acción militar y las fases posteriores de consolidación del operativo. A nadie se le ocurriría pensar, en ese entramado de hechos y pruebas, que el general que dirigió el desproporcionado operativo de la retoma del Palacio de Justicia con el fin de enfrentar el acto terrorista ejecutado por el grupo guerrillero M-19, una vez culminada la acción militar y contrario a lo que acordaron los mandos, se hubiera desentendido de los prisioneros y olvidado de los agresores, pues como lo reafirmó el general Rafael Samudio, el mando conjunto sobre todas las tropas se le entregó al general Arias.

La placa conmemorativa

A finales del 2022, fue ubicada en el aniversario 37 del Holocausto, una placa conmemorativa que tiene la siguiente leyenda: “Evocamos a quienes el horror de la guerra y la barbarie les arrebató la vida. Su recuerdo, por siempre enlazado a los hechos trágicos cometidos contra la justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, permanece en nuestra memoria, con la esperanza de que nunca se vuelvan a repetir”.

Tras la toma del Palacio se registró la desaparición de once personas: siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco Pineda. Con el pasar de los años, se determinó que muchos magistrados salieron con vida de la edificación en compañía de miembros del Ejército Nacional.