El general en retiro Iván Ramírez Quintero fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que rinda su versión dentro del caso por la operación de recuperación de los desaparecidos del Palacio de Justicia registrada el 6 y 7 de noviembre de 1985. El excomandante de Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) fue citado por la petición hecha por las víctimas reconocidas dentro de este expediente.
El oficial en retiro fue citado a rendir versión por sus actividades de inteligencia militar y como comandante de la Primera División del Ejército, la cual tuvo una participación durante la operación de retoma de la instalación judicial. En este caso, la Sala permitió además la participación de víctimas de la toma del Palacio de Justicia en la diligencia que se realizará de manera presencial el 12 de agosto.
El excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) del Ejército Nacional fue absuelto en diciembre de 2011 por duda probatoria en el proceso que se le adelantó por los desaparecidos del Palacio de Justicia. En ese fallo se determinó que existieron muchas pruebas contradictorias que no permitían evidenciar la participación o responsabilidad de Ramírez Quintero en el caso de las personas que salieron con vida del Palacio entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, de cuyo paradero no se volvió a saber.
Después de diez años, el proceso pasará a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto después de que la Sala de Definición avalara el acta de sometimiento allegada por el oficial en retiro.
Ramírez Quintero, quien siempre se ha declarado inocente por el caso de los desaparecidos, tendrá que presentar la hoja de ruta de su colaboración ante la JEP y revelar detalles inéditos para aportar así a la construcción de la verdad.
Desde la Brigada XX del Ejército, el general tuvo conocimiento sobre la forma en cómo se planteó la operación de recuperación del Palacio tras la toma liderada por el M-19.
Igualmente, tendrá que explicar si tuvo o no conocimiento de extralimitaciones de los generales que comandaron la operación en cuanto a los interrogatorios a los que fueron sometidos en la Casa del Museo del Florero un grupo de liberados, a quienes consideraban sospechosos de participar en la toma y tener nexos con el M-19.
Así como las acciones que habrían adelantado sus subalternos y compañeros, extralimitándose en sus funciones o ejercer presiones indebidas y censuradas en los reglamentos internos.
Junto al general (r) Ramírez Quintero también fueron admitidos el mayor (r) Óscar William Vásquez —quien ya fue condenado a 40 años de prisión por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández (trabajadores de la cafetería) e Irma Franco Pineda (guerrillera del M-19)—.
Igualmente, fueron admitidos los sargentos Gustavo Arévalo y Bernardo Alonso Garzón Garzón, quienes adelantaron labores de contrainteligencia durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, señalando a un grupo de personas que salieron con vida de la edificación de tener información sobre los guerrilleros y los planes de toma.
La investigación adelantada en el 2008 por la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que estas personas fueron sometidas a fuertes interrogatorios dentro de la Casa Museo del Florero —que funcionaba como un improvisado mando militar— con el fin de obtener información.
Un grupo de estas personas fueron trasladados a diferentes batallones, entre ellos la Escuela de Caballería —ubicada en el norte de Bogotá— y el batallón Charry Solano —ubicado en el sur—. En esos lugares fueron sometidos a torturas y algunos de ellos murieron.
El nombre del general Ramírez Quintero aparece vinculado al Caso 06 que tiene relación con la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). Por este caso, el oficial ya rindió declaración el 16 de marzo de 2021 pero se suspendió por petición de su defensa.
En este proceso, la Sala de Reconocimiento de la JEP le hizo un llamado de atención al general Ramírez para que se presente de forma presencial a las audiencias y de esta forma privilegie la construcción dialógica de la verdad y proteja los derechos de las víctimas.
El oficial habría entregado información sobre los militantes de esa colectividad que nació tras un proceso de paz entre las Farc y el Gobierno. Pese a su sometimiento, el general se ha negado a presentar su declaración. Para esto incluso llegó a radicar una acción de tutela manifestando que se le estaban vulnerando sus derechos procesales, puesto que se le estaba presionando a autoincriminarse.