La reforma pensional, aprobada en sus primeros debates en el Congreso, ha despertado muchas críticas. El texto fue aprobado en la Cámara de Representantes, sin mayor debate, y con una votación de 88 a favor y 20 en contra. De manera casi inédita, la Cámara decidió no entrar a estudiar el articulado, sino aprobar lo que había enviado el Senado a “pupitrazo limpio”.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los líderes políticos que mejor conoce el trámite legislativo en el país, advirtió en su columna de El Tiempo, los graves efectos de esa aprobación. “Lo hicieron de la peor y más burda manera... violando, una vez más, el reglamento del Congreso y desconociendo numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Si querían evitarse la conciliación de los textos de ambas cámaras, lo consiguieron, pero dejaron moribunda la reforma”, aseguró.
Pero Vargas Lleras fue más allá y explicó que detrás de esa “irresponsabilidad” hay unos acuerdos soterrados. “Al parecer, todos quedaron satisfechos con el resultado. Del Gobierno y sus bancadas lo entiendo, de los partidos que se opusieron en un principio y luego se doblegaron, solo ellos resolverán sus problemas de conciencia”, manifestó.
Pero lanzó serios cuestionamientos contra los representantes del gremio de los fondos privados. “Tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados”, aseguró.
“¿Qué tipo de negociación habrá tenido lugar entre ellos y el Gobierno de la que no nos enteramos?”, se pregunta Vargas Lleras. Y al parecer, él mismo tiene la respuesta: “Debió ser alrededor de las nuevas comisiones acordadas por administración, calculadas sobre la totalidad de los activos por ellos gestionados. Un nada despreciable 0,7 % que mal contado representa utilidades por más de 2,1 billones para ellos y que, además, les permitirá seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que se consoliden las pensiones de vejez y pasen a Colpensiones. Ni qué decir de la exención de IVA por los servicios prestados por las AFP. Muchas otras disposiciones nos confirman que los fondos recibirán por menor gestión y responsabilidad una mayor rentabilidad. Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS”.
Vargas Lleras se suma a las decenas de voces que advierten que dados los vicios con los que se aprobó la reforma, la Corte Constitucional debería tumbarla en su estudio jurídico. “Queda, por supuesto, la leve esperanza de que la Corte Constitucional no cambie la jurisprudencia que por años ha sostenido sobre el trámite de leyes y actos legislativos en cuanto a la exigencia de los debates y la publicidad. Baste con recordar las sentencias C-668 de 2004, C-084 de 2019, de la cual fui accionante, y la C-047 de 2021, entre muchas otras. Empiezo a compartir la opinión de algunos analistas y, tal como lo insinuó María Isabel Rueda a propósito del fallo sobre el Ministerio de la Igualdad y varios otros, que la Corte haya empezado a actuar con temor o cálculos políticos. De ser así, como me temo, habremos perdido la última trinchera de la institucionalidad”.
Como lo advirtió la más reciente portada de SEMANA, el alto tribunal vive fuertes presiones y hostigamientos. De hecho, uno de sus magistrados, el jurista Jorge Enrique Ibáñez, denunció que ha sido víctima de chuzadas y seguimientos.
En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el magistrado Ibáñez aseguró: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos”.
Agregó: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
Esa situación se vive en esa alta corporación cuando está lista a recibir las decenas de demandas que –se anticipan– caerán sobre la reforma pensional y cuando el país vive el álgido debate de la propuesta del Gobierno de una asamblea nacional constituyente, que en un procedimiento ligado a las normas, debería pasar por ese tribunal.