Los acercamientos entre el ente investigador y una de las sospechosas del atentado al centro comercial Andino llevaban casi un año, pero terminaron estancados por meses y, entre tanto, la mayoría de capturados recuperaron la libertad, luego de que sus procesos no avanzaron. Pero esta semana se destrabó esa negociación, que puede cambiar el rumbo del caso. Una jueza de garantías avaló el preacuerdo de la Fiscalía con Natalia Trujillo Nova, una de las capturadas por ese ataque en el que murieron tres mujeres, el 17 de junio de 2017. Las autoridades capturaron a Trujillo y a otros nueve sospechosos pocos días después del atentado. La Fiscalía los señaló de haber cometido ese ataque y otros atentados con petardos en Bogotá y Pereira entre 2015 y 2017, que no dejaron muertos. Lo que parecía un proceso sólido en un principio, por las declaraciones mediáticas de los funcionarios de la Fiscalía, terminó convertido en un caso lleno de dilaciones, demoras y sin avances concretos. A tal punto que hace un mes, siete de los capturados recuperaron la libertad por vencimiento de términos. Salieron de prisión reafirmando la versión que sostienen desde que los detuvieron: que el caso es un montaje judicial de la Fiscalía.

Ante la salida de los presuntos autores del atentado, que supuso un evidente revés para la Fiscalía, el ente terminó de concretar el acuerdo con Trujillo Nova. Como reveló SEMANA el 13 de junio, esos acercamientos habían comenzado en agosto pasado y el preacuerdo estaba redactado desde finales de 2019. Sin embargo, permanecía estancado en la Fiscalía, Trujillo se comprometió a confesar sobre su participación y la de los otros nueve sospechosos en diez ataques atribuidos al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una supuesta célula urbana ligada al ELN, a la que, según la Fiscalía, pertenecen los capturados. Los jóvenes señalados han dicho que eso demuestra su inocencia y que la Fiscalía los había convertido en un chivo expiatorio. El testimonio de Trujillo, que ahora hace parte del expediente, podría cambiar el rumbo de este importante proceso. Trujillo conoció a varios de los sospechosos en la Universidad Nacional, e incluso compartió vivienda con algunos. La Fiscalía mostró especial interés en su cercanía con Boris Rojas, a quien señalan como el líder del MRP. “Conoce la organización liderada por Boris Rojas, su ‘modus operandi’ y varios de sus integrantes, que fueron en su debido momento vinculados a las dos causas penales; así como la participación de cada uno de ellos dentro de la estructura criminal”, dice el acuerdo.

En septiembre pasado, el acuerdo avanzaba con fluidez. Tanto, que la Fiscalía separó el proceso por rebelión de Trujillo del expediente de los otros sospechosos. Las partes negociaron para que ella aceptara ese delito, por el que el juez la condenó a 47 meses de cárcel, tiempo que prácticamente ya pagó. Y negoció los otros cargos más graves: homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Sin embargo, ese acuerdo terminó estancado durante más de medio año. Pero este lunes finalmente concluyó la negociación. La jueza tercera de garantías de Bogotá la avaló y Trujillo quedó libre. Los representantes de las víctimas del atentado y la Procuraduría respaldaron la petición de la Fiscalía. Hasta el momento, esa causa no ha avanzado porque el ente investigador no ha mostrado con pruebas las acusaciones lanzadas sobre los capturados. Los jóvenes señalados han dicho que eso demuestra su inocencia y que la Fiscalía los había convertido en un chivo expiatorio. El testimonio de Trujillo, que ahora hace parte del expediente, podría cambiar el rumbo de este importante proceso.