Iris Sared Moncaleano alcanzó la fama en las redes sociales de la manera más humillante. Allí fue conocida como “Sara”, la mujer que fue grabada por su expareja Edward Holguín, un integrante de la Policía Nacional que la grabó sin su autorización y la acusó de infidelidad. Todo ocurrió en su casa de Cumaral, Meta, donde también estaba el supuesto amante. El subintendente hizo público el video, logrando que este tuviera un alcance de millones de visualizaciones en el ámbito internacional.
Aclarar si ella realmente fue infiel o no es algo que solo alimenta el morbo de quienes se han prestado para compartir un video y disfraza la crueldad de la ciberviolencia de género, como la han llamado algunos juristas que han revisado el caso a detalle. Esto demostraría que este tipo de publicaciones se convierten en armas digitales capaces de acabar no solo con la reputación de una persona, sino con la misma existencia. Sara, luego del escándalo, intentó quitarse la vida y terminó en la sala de urgencias de un hospital.
Ese no fue el único video que se filtró en redes. También el que grabaron dos uniformados del cuadrante que acudieron a atender el caso de la riña que se generó esa noche y que, según denuncia Sara, en lugar de brindarle ayuda para evitar agresiones de su expareja, ellos habrían apostado por apoyar a su compañero de trabajo, pues la filmación que hicieron, como evidencia de un proceso policivo, también terminó en los dispositivos móviles de millones de usuarios de Facebook, Instagram, TikTok, entre otras plataformas.
En uno de los videos se observa cuando la expareja de Sara le ordena a su compañero policía que filme lo que está ocurriendo dentro de la vivienda. “Subintendente, ¿puede grabar, por favor?”, le dice y efectivamente acata la indicación. Aunque en la grabación se escucha que dicen ser imparciales, los policías que acudieron filtraron todo en TikTok. Una escena muy personal en la que ridiculizan a la mujer.
“Fui vulnerada no solo por Holguín, sino por toda una institución, que redujo el caso a una pelea de pareja”, manifiesta Sara a SEMANA, mientras hace el relato cronológico de lo que ella califica como negligencia de la Policía Nacional. La escena que se viralizó ocurrió el 29 de enero a la 1:20 de la mañana. Él habría empezado a chantajearla e incluso a pedirle dinero a cambio de no publicar el video en el que supuestamente la dejaba al descubierto. Ella, convencida de que no estaba haciendo nada ilegal y que, por el contrario, él sí estaría incurriendo en conductas presuntamente irregulares, decidió ir a denunciar el caso a la Policía, pidiendo ayuda antes de que la grabación se hiciera viral y se pudiera evitar el desenlace que se conoce.
Sin embargo, los superiores de Holguín no habrían actuado en el momento oportuno, pues el uniformado tuvo tiempo de premeditar su ataque cibernético. Pasaron tres días para que lo subiera a las redes sociales. En algunos de los chats que conserva, se leen mensajes en los que él insiste en que piense muy bien cómo justificar lo sucedido y le manda el video advirtiendo que podrían solucionar todo mientras ella acepte repartir sus pertenencias por partes iguales.
A partir de ese momento comenzó una serie de amenazas, seguimientos e intimidaciones, según relata Sara. Tanto así, que se vio obligada a ampliar la denuncia en la Fiscalía del municipio de Restrepo. “El investigador que me tomó la declaración se atrevió a decirme que era mejor arreglar por las buenas, porque si Holguín perdía su trabajo de 16 años en la Policía podía hasta matarme, que mejor arreglara con una indemnización económica”, relata indignada al sentirse revictimizada.
Solicitó a la Policía de manera formal el nombre de los uniformados que, según ella, la grabaron y publicaron el video, que debería ser de uso de la institución, y asegura no haber tenido respuesta. Denunció ante la entidad que su pareja la estaría siguiendo de manera intimidatoria, que ha violado las órdenes de restricción que tiene. En una carta, la Policía de Meta le respondió: “Se decidió dictar auto inhibitorio, además que contra la presente determinación no procede recurso alguno”.
Sara se siente peleando contra la corriente, pues considera que mientras sigan investigando el caso en el Meta, no va a existir neutralidad en las decisiones. Incluso, en su paquete de material probatorio ha recaudado información con la que pretende demostrar que hay “padrinos políticos” que tendrían fichas claves dentro de la Policía buscando desviar la investigación. Esta información ya reposa en la Fiscalía.
SEMANA conoció que la Procuraduría General de la Nación estaría buscando tomar el caso por poder preferente, para garantizar su transparencia. Por otro lado, la Inspección General de la Policía Nacional confirmó que el caso en general, que involucra a los tres uniformados, se está investigando disciplinariamente desde Bogotá y que está en etapa de instrucción, es decir, previa a juzgamiento.
Por su parte, el subintendente se ha abstenido de hablar sobre el caso mientras permanezca en investigación. Contra la Policía Nacional preparan una demanda administrativa por no intervenir antes de la posible vulneración de género. Sara está recibiendo atención integral en la que ha entendido que ella es una de las tantas personas víctimas de ataques digitales y que poca atención reciben por la falta de reglamentación clara en las plataformas que lo que buscan es viralizar contenido.