El gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, terminará su período en pocas semanas. El mandatario, quizás a diferencia de otros de sus colegas, no será recordado por su buena gestión: políticos y periodistas de la región aseguran que pasó sin pena ni gloria y que poco pudo hacer ante los principales problemas que agobian a ese departamento. Al parecer, además, una vez deje su despacho cargará sobre sus hombros con un fantasma. No es para menos. La Fiscalía tiene una completa investigación que busca probar un fraude de al menos 4.000 millones de pesos a la salud chocoana. Y algunos de los involucrados han hecho graves señalamientos al mandatario. Dos de ellos, conocidos por Semana.com, advierten que Palacios habría dado, prácticamente, el visto bueno a una red integrada por dueños de IPS, médicos, propietarios de farmacias, prestamistas y odontólogos, entre otros, para que dispusieran a su antojo de los recursos para la salud del departamento. Semana.com accedió a buena parte de las declaraciones que llegaron a los despachos de fiscales adscritos al CTI en Bogotá. Desde el año pasado, la Fiscalía en Chocó dio los primeros pasos para que muchos de los comprometidos en el fraude fueran a la cárcel. Entonces, más de 10 personas fueron capturadas, pero luego, inexplicablemente para muchos, los jueces les otorgaron la casa por cárcel. Algunos de los comprometidos han decidido romper los candados del miedo y contar lo que ocurrió. La idea principal del saqueo a la salud, según se desprende de las declaraciones, era pagar millonarias deudas contraídas por el gobernador Efrén Palacios en épocas de campaña. Palacios llegó a la Gobernación en diciembre del 2013 tras la destitución de Luis Gilberto Murillo. Uno de los que decidieron hablar fue Elpidio Asprilla Guerrero, un médico que se desempeñó como auditor médico de la Secretaría de Salud departamental. El 24 de marzo del 2015 le contó a la fiscal que lleva el caso la trama que se montó para sacar los dineros del empobrecido rubro de la salud. “Recibí la visita de Eustaquio Olave (asesor de la Secretaría de Salud) para comentarme que existían unos recursos de la Secretaría que habían quedado del año anterior para ejecutarlos en la prestación de servicios. Le dije que muy bueno porque había muchos servicios que no se estaban atendiendo por falta de contratación. Me manifestó que me haría llegar la red de servicios con las diferentes IPS y que el gobernador la había ordenado. Esa fue mi primera conversación con Olave”, dijo Asprilla. (Lea: Chocó tiene su propio y vergonzoso ‘carrusel’ de la salud). El médico, que se encuentra procesado por la Fiscalía, añadió a su narración: “Una vez se hicieron los contratos me volvió a buscar Olave para mirar cómo se iban a ejecutar esos recursos. Le sugerí que a través de brigadas de salud y la prestación directa en Quibdó. Me manifestó que todos esos recursos no se iban a utilizar para eso porque había que sacar un porcentaje para el pago de unas deudas que tenía el gobernador con el señor Carlos Murillo”. En su declaración, Asprilla hizo un detallado y extenso relato de cómo se hicieron los contratos con IPS y droguerías de Quibdó para cumplir su cometido. Jaime Arturo Herrera, Droguería La 20, Sonríe IPS, Antonio Dueñas, Droguería Bajirá fueron algunos de los nombres y empresas que mencionó ligadas a la red. También habló de una especie de bolsa común a donde iban a parar los recursos. “Alrededor de 4.000 millones fue lo de la contratación y lo de la bolsa no lo sé. Eso lo saben Eustaquio Olave y Carlos Murillo”, dijo Asprilla. Olave, llamado el ‘capo de la salud’, se encuentra bajo arresto domiciliario. El 28 de marzo, Asprilla, cuyo trabajo era revisar los contratos ilegales en la Secretaría y darles el visto bueno, amplió su interrogatorio. Allí soltó una bomba para los fiscales. “El señor gobernador Efrén Palacios sí tenía pleno conocimiento de la existencia de unos recursos que habían quedado de la vigencia anterior y la manera como él pretendía sacarlos para el pago de sus deudas que había adquirido durante la campaña política”. Como para no dejar dudas, el médico relató que, en enero del 2014, en una reunión de amigos, el gobernador le prometió que pasaría de ser profesional universitario a auditor médico de la Secretaría de Salud porque él era la persona de su confianza para asegurar sus ‘movidas’. “Él (el gobernador) necesitaba unos recursos de la Secretaría y para ello ya se había reunido con Guillermo Verhelt (secretario de Salud saliente), Eustaquio Olave y Carlos Murillo y como ellos eran conocedores del tema, ya tenía una red de servicios para realizar esos propósitos”, dijo. El de la plata ¿Quién es Carlos Murillo? Se trata de un intocable prestamista que fungió en una época como contralor departamental y que se vio obligado a dejar su cargo cuando la prensa reveló que a la par de sus funciones públicas, su patrimonio crecía desbordadamente. Semana.com reveló hace varios meses cómo este personaje logró hacer nombrar a su esposa, Danny Moreno, en la Dirección de salud departamental por una deuda que el gobernador tenía con él (Lea: Un nombramiento por una deuda de 200 millones). Pero hay más. Otro de los comprometidos con el saqueo de la salud, que actualmente es procesado por la Fiscalía, prendió el ventilador a través de un escrito, de puño y letra, enviado al CTI de la Fiscalía en Bogotá. Allí cuenta detalles de la estafa de la que fue protagonista. Semana.com se abstiene de publicar su nombre para protegerlo. “El compromiso con el doctor Murillo era pagarle 500 millones más intereses, más el sostenimiento y el nombramiento a la doctora Danny Moreno en la Secretaría de Salud durante toda la administración”, dijo este testigo y mencionó a otras personas con las que había compromisos económicos, como por ejemplo Ary Piñeres y Jackson Bedoya (supuestos inversionistas de la campaña del gobernador). Según el testigo, había que nombrar a las esposas de estos dos personajes en la Dirección jurídica y en la Coordinación de la red de prestación de servicios de la Secretaría, además de pagarles millonarios recursos. El testigo contó de las reuniones con las empresas donde se les daba línea para cobrar los recursos y no prestar los servicios. A cambio se les daba un porcentaje del dinero. “En la primera reunión se concretó el cumplimiento de los porcentajes para resolver las deudas del gobernador. En la segunda, dirigida por Patricia y Elpidio, se diseñó una estrategia para cobrar. A mí se me dijo que si me desviaba me iba a meter en problemas”, dijo el testigo, quien dijo que el fraude podía superar los 12.000 millones de pesos. Estas declaraciones son evaluadas por los fiscales porque si bien algunos de los comprometidos con el escandaloso fraude se encuentran procesados, los verdaderos responsables están libres de apremios judiciales. Por eso algunos de los involucrados han tenido que remitir sus declaraciones a la Fiscalía en Bogotá, donde guardan la esperanza de que se haga justicia. Como se puede ver, en Chocó, durante la actual administración, se habría enquistado un grupo que tenía como fin aprovecharse de los dineros sagrados de la salud, un tema recurrente en esa región, donde la gente se muere por falta de atención ante la precariedad de la atención que reciben. Las autoridades tienen la palabra. Semana.com se comunicó con el gobernador Palacios vía telefónica pero este envió un mensaje diciendo que se encontraba en una reunión. Luego fue informado vía mensaje de texto sobre el motivo de las llamadas, pero no respondió.