Junto a su abogado, Julio César Ortiz, el gobernador de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lanzó un llamado de auxilio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en medio de las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación adelanta en su contra, por presuntas irregularidades en la contratación en el departamento durante la pandemia por la covid-19.
El abogado del gobernador indicó que ambos viajaron hasta Washington, la capital de Estados Unidos, para interponer formalmente la solicitud ante la Organización de Estados Americanos, “para evitar que la Fiscalía General de la Nación siga en su conducta de persecución”.
“Creemos que el gobernador merece el respeto de la protección de sus derechos, y que no puede ser objeto de la persistente persecución que se ha visto en el despacho de la Fiscalía General de la Nación; confiamos que la Comisión Interamericana tome cargos en el asunto y advierta que las pretendidas medidas de detención preventivas, de prisión preventiva, no se apliquen de manera abierta como hoy han querido hacerlo en el caso del gobernador de San Andrés”, manifestó el abogado Ortiz.
Según el representante legal del gobernador, Everth Hawkins, su cliente ha sido perseguido en el enfrentamiento que ha habido por ciertos hechos irregulares.
“También lo ha hecho en otros casos de funcionarios de elección popular y la comisión interamericana de la OEA debe ponerle frente a eso”, dijo el jurista.
Sin embargo, dijo que el mandatario de los isleños es respetuoso ante las decisiones de los entes de control; pero, es inaceptable la solicitud de medida de aseguramiento en temas que eran en beneficio de la comunidad.
“Aclarando que las supuestas irregularidades presuntamente habrían ocurrido en la suscripción de 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240.551.122 siendo los beneficiados personas naturales que se encargarían de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo con actividades de inspección turística, teniendo en cuenta a los visitantes que permanecían en el Departamento”, puntualizaron en un escrito entregado desde la oficina de prensa de la gobernación.
Pese a lo que el defensor del gobernador pueda decir, el ente acusador estableció que entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, Hawkins suscribió esos 16 contratos de prestación de servicios, por el valor de 240 millones de pesos y “en esa contratación fueron beneficiadas las personas que en siete meses debían apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo de la Gobernación”.
Al parecer, los contratos suscritos por el gobernador de San Andrés tendrían como finalidad la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes, y trabajos como auxiliares de enfermería.
Lo que si es cierto es que desde hace años el archipiélago, conocido por su mar de siete colores, se ha hecho mucho más famoso por los casos de corrupción dentro de las administraciones.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro denunció sobre los posibles sobrecostos en la reconstrucción de Providencia, cuando viajó a la isla, como parte de la agenda que tenía programada, y tras evaluar las obras afirmó que era necesario abrir una investigación por los costos de las viviendas que se construyeron, luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida.
Esa denuncia se sumó a hechos que pusieron a varios exfuncionarios de la región a entregar explicaciones a la justicia. Por un lado, varios exgobernadores han sido llamados a juicio disciplinario por diferentes hechos y, como si fuera poco, exdiputados y exfuncionarios que en distintas administraciones han incurrido en faltas.
SEMANA, busco e intentó contactar al gobernador Everth Hawkins, pero su asistente dijo a este equipo periodístico que, mañana confirmaría con el mandatario una fecha para tener una entrevista directa.