Un monto 828’897.000 de pesos para comprar textos escolares puso contra las cuerdas al gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena. La Contraloría investiga si el mandatario es culpable de detrimento patrimonial e incluso le pidió al presidente Juan Manuel Santos que lo suspenda de su cargo. Pero Guerra Tulena se anticipó al fallo de la investigación que apenas comienza y decidió consignarle al Estado, de su propio bolsillo, la suma que ahora lo podría alejar de su cargo. El nuevo dolor de cabeza del gobernador surgió por la compra de libros para instituciones de educación pública, específicamente para los grados primero a octavo. La Gobernación pagó 70.000 pesos por cada uno de los textos a pesar de que los mismos tienen un valor comercial de $7.500 y que incluso son adquiridos por colegios privados a un precio estimado de $35.000. Fue entonces cuando la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en diciembre del 2013. El ente investigativo pudo establecer que en el contrato de 1.500 millones de pesos hubo “un valor imputable a detrimento patrimonial por la suma de 725 millones de pesos por concepto de sobrecostos”, más 103 millones de pesos “por concepto de la pérdida de material bibliográfico”, pues muchas instituciones ni siquiera recibieron el material. Es decir que el gobernador Guerra sería responsable, según la Contraloría, de un detrimento de $ 828’897.000 y por lo mismo debe ser suspendido para que no siga poniendo en peligro el patrimonio público ni afecte las investigaciones. Pero otra cosa piensan Guerra Tulena y su abogado, Rubén Darío Henao. El argumento es que el mandatario debe permanecer en el cargo por cuenta del derecho a elegir y ser elegido. Además, aseguran que la Contraloría violó el debido proceso puesto que no se les notificó de la apertura de la investigación y en la misma sólo está implicado Guerra Tulena, mientras que la empresa Los Tres Editores, que vendió los textos con posibles sobrecostos, no está siendo investigada. “Él está pagando (la suma de más de 800 millones de pesos) porque hay una amenaza real a un derecho fundamental”, aseguró Henao en Blu Radio. Según el abogado, es suficiente con que el mandatario le devuelva el dinero al Estado para que la petición de suspensión quede sin un piso jurídico. Incluso, Henao aseguró para el diario El Universal que ya consignaron el dinero al número de cuenta correspondiente, pero que la Contraloría no fue quien dio los datos para el pago del monto. En líos con la Procuraduría Esta no es la primera vez que el gobernador de Sucre está bajo la lupa de un ente investigador. En noviembre del 2013, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Guerra Tulena por presuntas irregularidades en la licitación del chance en ese departamento. Según el Ministerio Público, Guerra presuntamente permitió que entre el 2 de julio y el 12 de septiembre del 2013 se adjudicara una licitación que terminó por favorecer a la empresa Aposucre S. A., ligada a Enilse López, alias la ‘Gata’. La irregularidad estaría en que hubo un ganador sin que ni siquiera existieran múltiples oferentes. Guerra Tulena todavía no ha salido del lío del chance y la ‘Gata’ cuando ya la Contraloría pone los ojos sobre él por presunto detrimento de patrimonio. En este último caso, su abogado hace todo lo posible para que el mandatario salgue incólume, incluso hasta pagar 800 millones de pesos. Pero ¿qué harán en el caso de la adjudicación de juegos de azar?