El obsoleto Código de Policía que por más de 40 años ha regulado la convivencia de los ciudadanos en el país será transformado. El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue el encargado de presentarlo en el Congreso. El jefe de la cartera dijo que se busca aumentar la “cultura ciudadana”. La iniciativa pretende sancionar con multas y cárcel a quienes infrinjan normas básicas de la convivencia. No en vano uno de sus principios es “la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana”. El código tendrá que ser debatido en el Congreso, pero antes de que arranque la discusión en el Legislativo ya hay preguntas por por lo bueno, lo malo y lo feo de esta medida. Lo Bueno El código tiene varios artículos que son necesarios. Uno de ellos es la regulación para vender y comprar equipos de celulares. Ahora los locales tendrán que tener una autorización expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Quien no tenga este respaldo, tendrá que cerrar su local. Por primera vez el código incluye medidas para sancionar la violación de la intimidad de una persona a través de redes sociales. Se contempla, por ejemplo, que quien publique fotografías de otra persona tomadas en sitios privados debe pagar una multa de $325.328. Los propietarios de mascotas tendrán que cumplir normas para el manejo de los animales. Una de ella es la sanción para quien no recoja las deposiciones que haga el animal en lugares públicos y abiertos. Además se contempla una multa de $162.664 para quien no le ponga collar o bozal a un perro potencialmente peligroso. Lo feo El código tiene un artículo que autoriza a la Policía a desactivar las fuentes del ruido para garantizar la tranquilidad de los residentes en conjuntos residenciales. Eso podría generar nuevos problemas de convivencia, esta vez con la Policía que estaría autorizada a entrar a salones comunales o residencias para que se obligue a cancelar la música. En otro tema se contempla una multa de $325.328 para quienes destruyan o deterioren las puertas de los buses articulados del Sistema Masivo de Transporte. Se contempla que deben reparar los daños materiales ocasionados. Lo cierto es que la cantidad de usuarios dentro del sistema y las aglomeraciones son las que han hecho que estos dispositivos se dañen, por lo que la responsabilidad del deterioro es indefinida. Existe un capítulo sobre el respeto a la mujer y se plantea una multa de $650.000 para quien ejerza “cualquier tipo de violencia verbal, sexual, física, económica o psicológica”. La preocupación es por saber si el pago de esa multa ya implica que se haya resuelto el conflicto. En el código se avanza en el reconocimiento y respeto por la diversidad sexual y la comunidad LGBTI para que se eviten discriminación, maltrato o abuso. Además se pide que se informe a las autoridades cuando esto ocurra. Sin embargo, no se habla de campañas que motiven la convivencia y el respeto. En los sistemas de transporte público se prohíbe la venta de bienes o servicios, pero no contempla sanción pecuniaria, solo una amonestación. Lo malo Aunque se podría pensar que los vehículos de servicio público deben ajustar el volumen de los radios para evitar incomodidades y problemas de convivencia con los pasajeros, lo cierto es que la norma contempla la prohibición. Este tema se podría regular por medio de campañas dirigidas a los conductores, sin necesidad de que estén en un Código de Policía. Una vez aprobado el código, la Policía podrá recibir de parte de los comerciantes información cuando se quiera abrir un nuevo local comercial. Se contempla que el comandante de la estación de Policía verifique las normas de uso de suelo. Lo cierto es que esto debe tener el acompañamiento de una autoridad administrativa, ya que quedaría en manos de la Policía que se pueda abrir un negocio. En adelante la Policía va imponer multas a los ciudadanos. Por ejemplo, el código contempla que en caso de mala disposición o manejo de residuos sólidos o líquidos, la autoridad podrá hacer intervención inmediata “con multas que impondrá la Policía Nacional a los ciudadanos infractores”. Esto podría generar corrupción en el nivel más bajo. Se plantea una multa $325.000 para quienes impidan la movilidad u obstaculicen a los usuarios dentro de los sistemas masivos de transporte. Es claro que este tema estaría en contravía del derecho a la movilización y la protesta contemplado en la Constitución.