El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló este martes sobre las intenciones del Gobierno nacional de radicar nuevamente el proyecto de reforma a la salud, el cual vendría con varios cambios, respecto al que ya se cayó en el Congreso de la República.
“Los que están listos, los que esperamos que la otra semana comiencen a discutirse en el Congreso, son la reforma a la salud, reforma laboral y ley de jurisdicción agraria. Los tres proyectos ya han sido discutidos en el Congreso en el último año”, dijo el jefe de la cartera del Interior.
“La reforma a la salud no está lista todavía. Seguimos escuchando a los distintos sectores. Se ha avanzado. Ustedes saben que el Gobierno hizo un acuerdo con las EPS del régimen contributivo y subsidiado, el semestre pasado. Esa es la base del nuevo texto, pero el ministro ha escuchado y seguirá escuchando a las agremiaciones de pacientes, a las clínicas y hospitales privadas y públicas, sobre el texto que esperamos tener la semana próxima”, aseguró el ministro.
“No se ha definido todavía, y esperamos el análisis jurídico con todo detalle, para ver si finalmente se tramita como ley ordinaria o ley estatutaria”, aclaró el alto funcionario.
Puntos clave de la reforma a la salud
De EPS a gestoras
La nueva propuesta sigue planteando la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, reafirmando la postura del Gobierno Petro de que estas entidades no desaparecerán del sistema. Bajo esta nueva figura, las gestoras recibirán una remuneración del 5 % del valor del pago por capitación anual, es decir, el monto asignado por cada afiliado del sistema. La transición de aseguradoras a gestoras se realizará en un período de hasta dos años, durante el cual la nueva EPS colaborará en la entrega de medicamentos a los afiliados que lo necesiten.
Durante esta transición, las EPS deberán cumplir con las condiciones de permanencia y el plan de saneamiento de pasivos establecido, que deberá implementarse en un plazo máximo de 48 meses, garantizando el pago a sus empleados durante ese tiempo. Además, las EPS que deseen hacer esta transición deberán presentar un “proyecto de habilitación”, según lo indica el documento. Aquellas aseguradoras que no deseen acogerse a esta transformación deberán presentar un plan de retiro voluntario.
La reforma también establece que el incumplimiento de los estándares podría resultar en descuentos de hasta el 30 % de la remuneración correspondiente. En caso de reincidencia durante dos períodos consecutivos, se notificará a la Superintendencia Nacional de Salud, que podría aplicar medidas de supervisión especial. Por otro lado, las gestoras que demuestren un buen desempeño podrán recibir un bono adicional de hasta el 3 % sobre el valor anual por afiliado.
El papel de los CAP
El nuevo borrador de la reforma también incluye la creación de Centros de Atención Primaria (CAP) en todo el país, una idea que se desprende de la primera reforma propuesta por la exministra Carolina Corcho. El objetivo es que los colombianos se registren en el CAP más cercano y que, si requieren atención especializada, sean derivados a centros hospitalarios de mediana y alta complejidad que formen parte de la red de cada CAP.
Becas de formación
La reforma también aborda el tema del personal de salud, proponiendo la creación de un programa de becas para estudios de pregrado y posgrado. El propósito, según el documento, es aumentar la oferta de profesionales y especialistas en áreas médicas y quirúrgicas.
Consejo Nacional de Salud, una propuesta clave
La reforma también propone la creación de un Consejo Nacional de Salud, que funcionaría como un órgano rector de la salud en el país. Este consejo orientaría a los diversos actores del sistema de salud y se encargaría de diseñar e implementar políticas, estrategias y programas enfocados en los determinantes sociales de la salud.
El consejo estaría compuesto por representantes del Gobierno nacional, incluyendo a los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente, Ciencia y Tecnología, y el director de Planeación Nacional, junto con un representante de los gobiernos territoriales. Esta entidad supervisaría el funcionamiento del sistema de salud y se aseguraría del uso adecuado de los recursos en el sector. Además, revisaría los informes trimestrales de los consejos territoriales de salud para utilizarlos como insumos técnicos en la formulación de políticas públicas, iniciativas y otras decisiones relevantes.