Con un documento de 10 páginas, la Secretaría Jurídica de Presidencia se fue contra la demanda que interpuso el abogado Germán Calderón España contra el día cívico que declaró el presidente Gustavo Petro el pasado 19 de abril, el mismo día que el general Rojas Pinilla perdió las elecciones, supuestamente robadas por Misael Pastrana, lo que constituye el mito fundacional del movimiento guerrillero M-19.
En la respuesta, el Gobierno critica que la demanda pida suspender de manera provisional esa decisión, pues “resulta equivocada e infundada y no tiene vocación de prosperar, pues, pese a que incorpora dentro de su escrito los requisitos para conceder las medidas cautelares en los términos de los artículos 230 y 231 del CPACA, no los fundamenta, y no da cuenta del posible resultado gravoso que tendría el hecho de no decretar la medida cautelar”.
Esa respuesta se dio sobre el plazo de cinco días que le dio el Consejo de Estado, tribunal que aceptó la demanda de Calderón, al Gobierno Petro para que esgrimiera sus argumentos legales sobre declarar día cívico el 19 de abril, con el argumento de cuidar el agua y la energía en el país.
El documento, firmado por Andrés Tapia, apoderado del presidente por medio de la Secretaría Jurídica, expresó una completa “oposición a que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 500 de 18 de abril de 2024. No hay en él vicio alguno de forma o fondo que permita desvirtuar la presunción de legalidad que lo cobija. El escrito de la demanda y la solicitud de las medidas cautelares contienen interpretaciones subjetivas sin mayor sustento normativo que respalden sus intenciones y no se acompasan con la realidad ni las circunstancias jurídicas en las que el acto acusado fue expedido”.
Según el Gobierno, el decreto del día cívico del 19 de abril se expidió respetando la Constitución y no hay razón para que sea expulsado del ordenamiento jurídico. Además, explican que con esa declaración no se estableció en el calendario un día festivo que represente descanso obligatorio remunerado.
El argumento de la Secretaría Jurídica es que, con ese decreto, se buscaba era “resaltar un tema de importancia nacional o local, como la conmemoración de un evento histórico, la promoción de valores cívicos o la atención a una crisis ambiental o social”.
En esa explicación, ondea que un día cívico se declara en Colombia por una crisis política, emergencias sociales o naturales, conmemoraciones o promoción de la participación ciudadana. En este caso, el principal argumento del Gobierno fue el cuidado del agua y la energía eléctrica, en medio del desabastecimiento que causó el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, muchos sectores criticaron que el presidente haya elegido el 19 de abril para declarar ese día, teniendo en cuenta que justo ese día cumple años y, además, en esa fecha se fundó la guerrilla del M-19, movimiento armado al que perteneció el mandatario.
El pasado 30 de abril, el Consejo de Estado aceptó la demanda contra el decreto del día cívico que radicó el abogado Germán Calderón España, argumentando que un día de carácter civil o religioso por decreto no se podría implementar porque se violaría el principio de legalidad.
Dicha demanda busca, principalmente, que “se decrete la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la norma acusada, en tanto, con ella, se protege y garantiza, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
Aunque el Consejo de Estado aceptó la demanda que busca la nulidad del decreto, rechazó la petición de que se declarara una “medida cautelar de urgencia” que pedía suspender provisionalmente el día cívico. Ahora, el alto tribunal tiene la última palabra sobre la suerte jurídica de esa decisión legal del Gobierno Petro.