Por medio de una rueda de prensa ofrecida este 30 de enero, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, afirmó que se está analizando la idea de reunir a los grupos armados al margen de la ley presentes en la política de ‘paz total’ en determinadas zonas del país, para que las confrontaciones no afecten a la población civil.
Velázquez, acompañado de la cúpula militar y de la Policía Nacional, dio a conocer el anuncio. “Tenemos la ubicación de esas estructuras ilegales; es para evitar confrontación. La determinación de territorios está en marcha”, afirmó el ministro, al explicar que aunque la tregua se rompa, el cese al fuego bilateral no se acabará. Además, sostuvo que han llevado a cabo un proceso de georreferenciación con las Fuerzas Militares, las cuales corresponden a territorios efectivos para que, en medio de un conflicto entre los militares y los grupos armados, no haya posibilidad que los civiles sean víctimas.
La posibilidad ya fue radicada en la oficina del alto comisionado para la Paz, entidad que se encargará de analizarla y tomar la decisión. Velázquez sostuvo que esta medida significará la protección frente a ataques que, por las circunstancias que sean, sí o sí serán violentos entre las organizaciones. Aparte de este anuncio, la rueda de prensa también sirvió para dar a conocer otras medidas por parte del Ministerio.
En cumplimiento al auto TP-SA 1305 del 7 de diciembre, expedido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Defensa reiteró que los niños y niñas reclutados, utilizados en el conflicto armado interno por el grupo subversivo FARC-EP, fueron víctimas de un crimen de guerra. Según las cifras de la JEP, más de 18 mil menores de edad hicieron parte del conflicto armado. Entre estos, unos fueron reclutados y otros víctimas.
“El Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con el referido auto procede a reiterar que los niños y niñas reclutados y utilizados en el conflicto armado interno por la extinta guerrilla FARC-EP fueron víctimas de un crimen de guerra”, comunicó Velázquez. Por otro lado, otra decisión informada fue la creación de una directiva para revisar y actualizar la doctrina militar y policial.
En la alocución, el jefe de la cartera expuso que: “con fecha del 30 de enero de 2022 hemos expedido la directiva permanente número 01 mediante la cual hemos dispuesto la revisión y actualización de la doctrina militar y policial con énfasis en estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hemos decidido realizar un proceso de capacitación para los asesores jurídicos operacionales de las Fuerzas Militares y los asesores de convivencia de la Policía en estándares de derechos humanos”.
El propósito de esta decisión será implementar capacitaciones de carácter pedagógicos que contribuyan con el reconocimiento de calidad de víctimas a niños y niñas. “La fuerza pública tiene la orden y reconoce que en las labores de acción unificada de apoyo al desarrollo en donde intervengan niños y adolescentes deben tener todas las medidas de necesarias para evitar y prevenir las retaliaciones que se puedan presentar por parte de los grupos armados al margen de la ley”, explicó.
Otra decisión fue que el examinarán el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual condena al Estado colombiano como el responsable del exterminio de la Unión Patriótica hace más de tres décadas. Además, el Gobierno acatará las recomendaciones que ofrezcan los organismos internacionales y nacionales de paz, tales como la Organización de Naciones Unidas, la CIDH y la Comisión de la Verdad; las cuales están en relación con el respeto de los derechos humanos, principalmente con las personas de la primera infancia que se vieron vulnerados en el conflicto y que han sido víctimas en los años posteriores a la firma del acuerdo.