Seis meses después del fallo del Consejo de Estado que le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de los señalamientos hechos en contra de Rafael Pardo Rueda y Eduardo Díaz Uribe, quienes hicieron parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado contraatacó con una tutela con el fin que se revoque dicha decisión.
La Agencia consideró que el fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo representa un “agravio” a las funciones públicas que tiene el Jefe de Estado “pues se la confunde con los espacios de libre expresión” que tiene el Presidente en ejercicio. En simples palabras, se asegura que no se hizo una diferenciación clara de lo que dijo el mandatario, el espacio en el que lo dijo y la forma en cómo lo hizo.
En la tutela, que está en el campo de la Corte Constitucional, se cuestionó además el hecho que se le exigiera al presidente Petro responderle en redes sociales a los funcionarios que se consideraron agraviados con lo dicho en Tumaco, por lo que pide sentar un precedente y hacer una clara diferenciación de las funciones presidenciales, su libertad de expresión y sus funciones administrativas.
“El presidente de la República -incluido el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- se vería en la imperiosa necesidad de suspender el uso de los canales de divulgación y opinión personales, cercado por la amenaza de que cualquier réplica ciudadana, cualquier reparo, comentario, exigencia, observación o requerimiento tendría que ser tramitado como un derecho de petición”, se cuestiona en uno de los apartes del documento.
El génesis del asunto tiene que ver con las declaraciones hechas en octubre de 2023 en un evento en Tumaco (Nariño) en el que Petro hizo varios cuestionamientos a la política pública de sustitución que se hizo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), del cual tanto Rueda como Díaz hicieron parte activa en el mencionado programa, clave tras la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016.
“En el modelo de sustitución propuesto por Santos, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata. ¿O no? Los operadores se tumbaron la plata de los campesinos, es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un acto de corrupción y hay que decirlo”.
En dicha decisión, el alto tribunal advirtió que con sus señalamientos en un evento público el jefe de Estado había afectado el nombre y la honra del exalto consejero presidencial para el posconflicto y el exdirector del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
El magistrado Juan Carlos Cortés ya le pidió a la Sala de Selección de la Corte Constitucional que por la trascendencia del tema, que incluye el uso de las redes sociales del Presidente y la respuesta que le debe dar a los derechos de petición, la acción judicial impulsada por la Agencia debe ser estudiada para que se emita un pronunciamiento de fondo.