Si se trata de simbolismos, la presentación que hizo Doris Salcedo de Fragmentos –la obra que construyó con las armas de las Farc en Bogotá– llegó esta semana a nutrir la lista de los momentos históricos que vive el país desde hace dos años. Sin embargo, si la idea consiste en evaluar cómo ha impactado al aterrizaje del acuerdo de paz el regreso del uribismo a la Presidencia –en cabeza de Iván Duque–, no habría una visión unánime. A esa conclusión llegaron varios sectores después de que la Secretaría Técnica del Comité de Verificación Internacional –integrada por el Cinep y la Cerac, y dirigida por los expresidentes Felipe González y José Mujica– presentó un cuarto informe lleno de matices. El gobierno de Duque en materia de paz ciertamente ha enfocado su discurso en la reincorporación de los excombatientes –más que en el acuerdo en su integralidad– y no ha avanzado en temas estratégicos como los relacionados con la Ley de Tierras, las curules para las víctimas y la reforma política. Además, según los expertos, también le ha puesto el acelerador al aterrizaje de las políticas públicas pensadas para el país rural. Basta analizar algunas cifras para entender que en materia de paz no todo es blanco o negro. La firma de acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos avanzó significativamente, a pesar de que no se sabe nada del proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado. En dos meses, 19.425 personas se acogieron a los beneficios del programa, lo que elevó la cifra a 97.084 familias vinculadas. Pese a las prevenciones, la actual administración le dio continuidad a la política del gobierno anterior, y la UNODC verificó 1.121 hectáreas erradicadas voluntariamente entre agosto y octubre. En total, han levantado 24.891 hectáreas de cultivos de uso ilícito desde la creación del programa. Es decir, un 17 por ciento de las que existían en 2016. En materia de financiamiento, el Presupuesto General de la Nación contempla 2,6 billones de pesos para la implementación. O sea que aumentó del 8,3 por ciento frente a los 2,4 billones asignados para este año. El monto representa el 0,24 por ciento del PIB, lo que corresponde con lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Preocupa, sin embargo, que no haya avanzado en el Congreso el proyecto de acto legislativo que busca garantizar unos montos mínimos y un flujo continuo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Pese al retraso, las cifras por ahora coinciden con lo requerido. Falta ver en qué terminan cuando se discuta la norma. Por eso, llama especialmente la atención que en el informe presentado al país esta semana no haya soportes que sustenten la reclamación que hizo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, según la cual le habían hecho un recorte. Puede leer: Qué quedó de la ley de orden público que quería el uribismo Pese al buen ritmo en esta materia, la Secretaría Técnica del Comité de Verificación mantiene sus alertas encendidas. Dos años después de aprobada la Ley de Amnistía, 214 excombatientes permanecen en la cárcel sin que se les haya resuelto su situación judicial. Aproximadamente 9.000 exguerrilleros no se han podido vincular a Ecomún (la cooperativa que creo el partido tras desmovilizarse) por dificultades en la bancarización. Es decir, más del 69 por ciento de los desmovilizados tienen limitadas la formulación e implementación de proyectos productivos y su generación de ingresos. Sin embargo, a la Comisión Internacional le inquieta sobre todo el tema legislativo y de garantías de seguridad. Todavía no encuentra asidero el proyecto de tierras, vendido como la gran oportunidad para hacer cambios pendientes durante medio siglo y desterrar los orígenes de la violencia. Pese al impulso a varias políticas públicas en materia de paz en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND), ni el proyecto del catastro multipropósito ni el banco de tierras tienen fuerza.

En la Cámara de Comercio, durante el seminario ‘Perspectivas del acuerdo a dos años de su firma’, el Comité Internacional de Verificación presentó los resultados del informe. Foto: Miguel Martínez, Cinep/PPP En la otra línea de preocupaciones, el asesinato de líderes sociales tomó mayor relevancia con la visita del Michel Forst, relator especial de la ONU, quien hizo un diagnóstico oscuro al respecto. El gobierno ciertamente ha expedido varias normativas con el fin de protegerlos y tomó decisiones para acelerar las medidas. Pero los casos persisten como ocurrió con el gobernador indígena del resguardo Huellas de Caloto, Edwin Dagua Ipia, hace dos semanas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, insiste en que las medidas no alcanzan y la violencia contra los líderes empieza a coincidir con un deterioro general de las condiciones de seguridad en las regiones. A dos años del plebiscito, la paz es sostenible en manos de los voceros del No. En este contexto se ubica el informe que entregó el Centro de Estudios y Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular, que en enero terminan sus competencias, a menos que Duque decida extenderlas. “El gobierno ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo todos aquellos elementos alineados con sus propios intereses de política. Incluyó, relativamente bien incluido, la reincorporación, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el PNIS y el Plan Integral comunitario y municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda)”, explica Jorge Restrepo, director del Cerac. Ahora bien, para otros expertos consultados por SEMANA, los proyectos que avanzan coinciden en guardar una estrecha conexión con la política pública del nuevo gobierno. Esto ocurre porque a todas luces se requieren en las regiones y van más allá de las diferencias ideológicas. Pero también porque tienen relación con iniciativas en materia de infraestructura contempladas para este cuatrienio. Esto, sin embargo, no los blinda de quienes creen que comenzaron a moverse las fichas para la contienda regional del próximo año. Le recomendamos: Doris Salcedo presenta su obra ‘Fragmentos‘ De un lado, están quienes esperan que el gobierno saque adelante propuestas autónomas. Y, del otro, los defensores del acuerdo esperan que lo haga a través de los compromisos pactados en La Habana, que tienen categoría constitucional. Para que eso ocurra, sin embargo, hace falta que el gobierno termine de tramitar el proyecto 218 que modifica la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí están los elementos fundamentales para que, a nivel local, los planes de desarrollo municipal y departamental incluyan entre sus actividades prioritarias asuntos relacionados con el acuerdo.

Los expresidentes José ‘Pepe’ Mujica, de Uruguay, y Felipe González, de España, han cumplido un papel clave en la fase de implementación. De hecho, ellos le sugirieron a Rodrigo Londoño enviarle una carta la semana pasada al Paisa.  El año entrante será determinante en materia de paz. En el primer semestre, cuando se conozca el PND que avaló el Congreso, el país sabrá a ciencia cierta qué tantas licencias se dio Iván Duque y qué tanto se ciñó al mandato que le otorgó el Acto Legislativo 01 de 2016 de incluir los compromisos del acuerdo. Otra posibilidad es que el Plan de Desarrollo deje por fuera temas que hasta ahora no han tenido prioridad para el gobierno, como el mencionado de desarrollo rural y la Ley de Víctimas, y que el uribismo le imprima su propia impronta a la paz. A dos años del plebiscito, se podría decir que la paz es sostenible en manos de los voceros del No. Esto no quiere decir que van a seguir el ritmo del gobierno anterior, pero tampoco que la construcción de paz va a ser un fracaso. Cada gobierno aplica la fórmula que tiene a la mano. Mientras unos hablan de paz territorial, otros, de la estabilización de las regiones. Puede leer: ¿Quién es Benedicto González, el reemplazo transitorio de Santrich en la Cámara? Pero esta no es la única decisión importante que tendrá que tomar Iván Duque. En enero termina el mandato del Comité de Verificación Internacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Eso plantea una pregunta clave: ¿extenderá el mandatario su funcionamiento? En términos legales hay posibilidades, el presidente y su gobierno tienen la última palabra. El segundo año, tras la firma en el Teatro Colón, acabó de mil maneras según la forma de verlo. El gobierno, la oposición, los excombatientes, las víctimas o un colombiano de a pie, cada quien narrará su versión a partir de lo que le tocó vivir. Así lo hicieron la semana pasada los integrantes de la comunidad de Tumaco, cuando por medio de Human Rights Watch (HRW) denunciaron los vejámenes a los que los someten quienes vuelven a entrar a la espiral de una violencia reciclada.