Desde la Presidencia de la República se le dio una respuesta directa a la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre las medidas que adoptó para fortalecer la seguridad de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.
El consejero Presidencial de Estabilización y Seguridad, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno nacional no va a bajar la guardia para brindar las herramientas necesarias que permitan proteger a los exguerrilleros del antiguo grupo subversivo que están en proceso de reincorporación.
El funcionario indicó que recibe con buenos ojos las iniciativas de la Jurisdicción que apoyen las medidas de seguridad para los firmantes del proceso de paz y sus familias, y los protejan frente a las crecientes amenazas de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otros grupos armados ilegales.
“El Gobierno nacional entiende que toda disposición de las autoridades —de cualquiera de las ramas del poder público— que apunte a reforzar ese contexto de seguridad debe ser visto positivamente y articularse con las acciones que adelanten otras entidades públicas. En este sentido, lo que hemos reiterado es que no se bajará la guardia en relación con la seguridad de los excombatientes y todas las medidas que sean pertinentes se adelantan”, sostuvo Archila.
A renglón seguido, manifestó que es importante que se sigan llevando a cabo para prevenir la estigmatización de los antiguos integrantes de las Farc y las acciones para promover la convivencia en los territorios.
Recalcó que ya se dispuso la aplicación de medidas que contrarresten eventuales estigmatizaciones —como las llamó— en contra de excombatientes y personas en reincorporación. Estas se enmarcan en el plan estratégico de seguridad y protección, y en particular se inscriben en la línea estratégica de “acciones inmateriales de prevención” que refuerzan la seguridad de estas personas.
Sobre las medidas de seguridad, Archila detalló que con la “presencia permanente e intervención de tropas y efectivos de policía, para seguridad y protección se mantienen 24 unidades básicas de carabineros (697 efectivos), 52 pelotones del Ejército (1.314 efectivos) y 26 esquemas de protección para colectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Subrayó “la totalidad de los hombres y las mujeres de protección (escoltas) en los esquemas de la UNP es de 1.266″. Se suman las personas vinculadas a la Unidad Especial de Investigación y el cuerpo élite de la Policía, que son más de 300.
No obstante, esta semana —y ante la crítica condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz—, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias. Con esa decisión, explica la JEP, se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado.
“Entre las medidas adoptadas por la JEP, se le ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición informar si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias”, dijo la JEP.
Por otro lado, el Gobierno nacional insistió en que en tres años ha realizado una inversión superior a los 760.000 millones de pesos, los cuales han sido destinados para la seguridad de exguerrilleros de las Farc en medio del proceso de reincorporación.
En esa oportunidad, el consejero Estabilización y Consolidación reveló las cifras puntuales sobre los recursos para la seguridad de excombatientes, las cuales parten desde 2018 hasta el 30 de junio de 2021: $ 214.702 millones en 2018, $ 242.102 millones en 2019, $ 114.899 millones en 2020 y $ 159.612 millones con corte al 30 de junio del 2021.