Al Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó una grave denuncia que demostraría la delicada situación que se estaría presentado por medio del proyecto de la paz total del Gobierno actual. Todo estaría relacionado con la financiación de los grupos terroristas que siguen sembrando el miedo y la zozobra en varias regiones del país.
La denuncia llegó a través de la firma internacional de abogados, con estatus consultivo ante la ONU y la OEA, Víctor Mosquera, la cual señala: “El informe expone graves irregularidades en las acciones del Gobierno colombiano, que ha destinado recursos públicos a la financiación de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Frac-EP, en el contexto de la política de paz total”.
El informe que llegó a la ONU demostraría que los fondos que han sido asignados para financiar la iniciativa que busca la paz con diferentes grupos armados ilegales habrían terminado en financiar actividades criminales, lo que constituiría una violación de las obligaciones internacionales de Colombia en la lucha contra el terrorismo.
El abogado Víctor Marín explicó: “El uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia. Este informe demuestra la falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos, y es imperativo que la comunidad internacional tome medidas”.
El Gobierno nacional actualmente adelanta tres mesas de negociación con diferentes organizaciones ilegales como las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Márquez; una parte de los residuales de las Farc, autodenominados como el Estado Mayor Central, y la guerrilla del ELN, un diálogo que actualmente se encuentra en crisis.
Pero, además, también han fracasado negociaciones como las que se adelantaron hasta mediados de este año con las disidencias de Iván Mordisco, quienes ahora se enfrentan al Estado colombiano después de que el Ejército lanzó la Operación Perseo con el objetivo de retomar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.
En total han sido por lo menos siete procesos de paz que el Gobierno Petro ha tenido con guerrillas, disidencias de antiguas Farc y bandas urbanas. De hecho, cuando el presidente Gustavo Petro cumplió dos años en el poder, anunció dos nuevos diálogos de paz con el Clan del Golfo y el Ejército Gaitanista de Colombia.
Todos esos procesos de paz son los que hoy la firma de abogados Víctor Mosquera ha cuestionado por medio del informe que le presentó al Consejo de Seguridad de la ONU, y los cuales habrían terminado financiando actividades criminales de esos grupos ilegales que supuestamente tienen intenciones de paz.
Mientras esta grave denuncia llegaba a las Naciones Unidas, el gobierno del presidente Petro extendió durante seis meses el cese bilateral al fuego con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá Córdoba. Así quedó contemplado en el Decreto 1280 de 2024 firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y respaldado por el presidente Gustavo Petro.
La medida rige desde las 00:00 horas de este 16 de octubre de 2024 y se extenderá hasta las 00:00 horas del 15 de abril de 2025. En ese tiempo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz espera que se avance en las conversaciones con ese grupo armado, que opera entre los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Huila, entre otros.