El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, expidió los protocolos para las protestas requeridos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se trabajaron de forma conjunta entre el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Gobernación de Cundinamarca.
En los protocolos se contemplan varios ajustes que deberán ser implementados desde las próximas movilizaciones que se presenten, es decir para la jornada de este miércoles de paro nacional que está programada por varios sectores y en la que se espera que se una la minga.
Uno de los primeros ajustes que se menciona en el documento es que se deberá implementar un Puesto de Mando Unificado (PMU) a nivel departamental, en el cual esté representada la Gobernación, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, Bomberos y la Defensoría del Pueblo. Igualmente se podrán invitar miembros de otras entidades como Migración o el ICBF.
Así mismo, se deberá establecer una línea de emergencias durante la protesta para atender de forma prioritaria la manifestación. En ese sentido se deberá capacitar a los ciudadanos para reportar cualquier situación y solicitar coordinación entre las entidades de control para la garantía de los derechos humanos y los protocolos de seguridad en las marchas.
A su vez, se deberán monitorear las manifestaciones, el orden público, activar planes de desarme de armas blancas, y todas las medidas que las autoridades departamentales consideren necesarias para mantener la calma de la ciudadanía.
En el caso de la responsabilidad que ostentarán los alcaldes, se aclara que serán los responsables de mantener el orden público y de convocar mesas de trabajo previamente establecidas con los líderes de las marchas con el fin de verificar su recorrido y los pormenores de la movilización para garantizar la seguridad y el orden.
También dice que el alcalde de la ciudad deberá conformar un grupo élite que se encargará de coordinar con los líderes de la marcha los detalles de la manifestación. “Al Grupo Élite se podrán invitar a los actores que se consideren participes de forma directa o indirecta para buscar la solución de las diferentes situaciones que se puedan presentar” reza el documento.
Y dice que, de ser necesario, se podrán conformar equipos de convivencia que puedan facilitar el desarrollo pacífico de las protestas y que estos deberán tener capacitación en derechos humanos y resolución de conflictos.
En el documento se aclara que se tendrán que hacer controles al consumo de bebidas embriagantes en el espacio público, así como restringir el porte de armas. Acciones que se harán con previa coordinación de las autoridades.
En el caso de retenciones a los manifestantes se menciona que se deberán implementar los centros de traslado por protección o “en su defecto disponer de inmuebles de paso” a los que puedan ser llevados quienes se encuentren en alto estado de indefensión o exaltación y puedan poner en riesgo la vida de los demás.
Con respecto a las responsabilidades que deberá tener la fuerza pública se aclara que tendrán que suministrar información de carácter preventivo a las autoridades locales para facilitar la posible infiltración que pueda desencadenar actos de violencia. “Esta información será canalizada a través de las dependencias administrativas encargadas del diseño y ejecución de las políticas de convivencia y seguridad ciudadana” se menciona.
Así mismo, se establece que los miembros de la Policía Nacional deberán continuar con las capacitaciones en derechos humanos y que cuando se genere una situación de alteración del orden público la actuación de la fuerza pública deberá ser bajo los principios de "necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad”.
“En caso de presentarse hechos violentos, de acuerdo con lo previsto en la ley como en los distintos fallos judiciales, la Policía Nacional intervendrá en los términos del respectivo protocolo guardando la proporcionalidad del uso de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno, y los medios de los que dispone para abordar la situación específica”, dice el documento.
Los manifestantes deberán mantener la protesta pacífica y denunciar hechos que puedan generar violencia o caos en la movilización, así como salvaguardar la integridad de los demás manifestantes y ejercer pedagogía sobre estos hechos. Los organizadores deberán designar líderes o comisiones que acompañen la manifestación y que estén en constante contacto con las autoridades administrativas y de policía, así como con miembros del Ministerio Público.
Los organizadores también deberán dar aviso de los recorridos, el motivo, la fecha, la hora de inicio y hora final estimada, los medios a utilizar, número aproximado de los presentes en la marcha, quiénes son los líderes, y cumplir los compromisos adquiridos con la autoridad administrativa.
Finalmente se habla de que no se podrán portar “armas contundentes, químicas o incendiarias” y que deberán ir plenamente identificados los integrantes de las comisiones de verificación civil para facilitar los procesos de identificación. También se deberán adoptar las medidas de bioseguridad y “las manifestaciones no se podrán versar sobre fines ilegítimos”.
Se deberá evitar el uso de “cualquier mecanismo para dañar, destruir u obstruir los bienes de carácter público y privado” y no se podrán obstruir los servicios médicos y de emergencia.
La Alcaldía de Bogotá manifestó que respaldan los protocolos, excepto en dos puntos. El primero, consideran que se requiera otorgamiento de permisos para manifestaciones públicas: “El eventual aviso es potestativo y tiene carácter meramente informativo”, esto según una sentencia de la Corte Constitucional. Y el segundo en cuanto a las instalaciones del denominado “Grupo Élite”, dice que es más amplio y garantista el PMU o las mesas de seguimiento.