La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, elevó una petición a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que abra y priorice los macrocasos de reclutamiento de menores y fenómenos criminales de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramírez señaló que el Gobierno nacional viene avanzando con los objetivos de implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

En la exposición que hizo el gobierno en el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo capítulo se concentró en la Misión de Verificación del proceso de paz, Duque manifestó que en cuatro años se materializó el estatuto de la oposición. También argumentó que se garantizó la libre participación del partido Comunes en las elecciones locales de 2019, así como en las parlamentarias y las presidenciales de 2022.

De la misma manera, le indicó a la ONU que en los próximos días 16 representantes de las víctimas tendrán asiento en la Cámara de Representantes. “Les cumplimos a los más de 13 mil excombatientes en proceso de reincorporación”, informó en Nueva York.

“Las prioridades son claras: Colombia debe continuar mejorando cualitativamente las condiciones de reincorporación de los excombatientes, fortaleciendo tanto la justicia ordinaria como la justicia transicional incorporada en el acuerdo”, sostuvo Ramírez.

Agregó en su discurso: “Es fundamental que la Jurisdicción Especial para la Paz presente cuanto antes sus conclusiones y determine por supuesto las cifras, las consecuencias y las sanciones”.

“También, que la Jurisdicción Especial para la Paz decida la apertura y priorización de macrocasos para el reclutamiento de niños y la violencia sexual en el conflicto armado”, señaló Marta Lucía Ramírez.

Hace varias semanas, los exintegrantes del Secretariado de la guerrilla de las Farc fueron llamados a responder ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el marco de la investigación del caso 07. Este hace referencia a las discriminaciones y violencias en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas, en el reclutamiento durante el conflicto armado.

En esa ocasión fue convocada la senadora Victoria Sandino; Elí Mendoza, alias Martín Sombra, y Fabián Ramírez. La JEP ya declaró este caso como de lesa humanidad.

Trascendió, en ese momento, que la Sala tenía la misión de escuchar en total 73 versiones voluntarias de exguerrilleros que hicieron parte de todos los antiguos bloques de esa guerrilla y comparecientes en el Caso 07.

“A esta versión están convocados los comparecientes que ya manifestaron que participarían en ella y los demás que el despacho defina posteriormente, conforme al desarrollo de las versiones colectivas de bloques”, señaló el documento de la JEP.

Finalmente, la decisión de la JEP se tomó en medio de la apertura de una subinvestigación, tras realizarse la caracterización de las 400 víctimas acreditadas a la fecha en el Caso 07. En este se encontró que 68 de ellas, además de haber sido reclutadas siendo niños y niñas, sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género. La Sala también ha recibido los primeros informes y solicitudes de acreditación de víctimas LGBTI que fueron reclutadas.