Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Gobierno nacional emitió un comunicado de prensa donde resalta su preocupación por los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC por la disputa territorial en el municipio de Ricaurte, Nariño.
En palabras propias, el Gobierno asegura que dicha situación “está causando graves estragos y zozobra entre la población”.
“Las fuentes de la Oficina de Paz en el territorio han constatado el confinamiento y el desplazamiento de las comunidades por la agudización del conflicto en los últimos días, sumado a las extorsiones que han venido afectando a los comerciantes de la zona, particularmente en la parte urbana”, se lee en el documento de prensa.
En el mismo comunicado, solicitaron a los insurgentes que detengan la escalada de violencia.
“Hacemos un llamado urgente a ambos grupos armados a parar esta confrontación sin sentido que afecta directamente a los habitantes —mayoritariamente pertenecientes a la etnia indígena Awá— de esa subregión del piedemonte costero. Así mismo, les exigimos no interferir en los asuntos organizativos de las comunidades. Un equipo de la OACP encabezará una Misión Paz que permanecerá en la zona haciendo acompañamiento a las comunidades desplazadas”.
Y agregaron: “La guerra por el territorio, que tanto dolor está generando, es una expresión de barbarie. Convertir los campos en territorios abandonados es impedir que el proyecto de democracia con justicia social y ambiental avance en el país”.
“Esta guerra fratricida atenta contra la esperanza de paz de la población. Las comunidades han sido claras en su exigencia a todos los actores armados: deben detener los enfrentamientos y comprometerse con la salida dialogada al conflicto que el Gobierno nacional les ha planteado”, concluye el comunicado de prensa.
¿ELN mantendrá su palabra?
El Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN firmaron a comienzos de mes el cese al fuego en La Habana (Cuba), un primer paso con el cual la población espera recuperar un poco de tranquilidad; sin embargo, cuán al ‘pie de la letra’ estará ese grupo ligado a lo pactado mantiene en vilo al país. Uno de los puntos de incertidumbre es si continuará delinquiendo como base de su financiación.
En este aspecto entran; por ejemplo, los secuestros. Respecto a lo establecido en la nación caribeña, se estipuló que “el 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal”. Este tendrá una duración inicial de 180 días bajo la expectativa de si se prolonga o no.
El pasado sábado, 17 de junio, la guerrilla del ELN se pronunció a través de Nicolás Rodríguez, uno de sus negociadores, y aseguró que mantendría el compromiso de acatar el “cese al fuego de manera sagrada, responsable y decidida”. En un mensaje a las filas de ese organismo hizo precisiones sobre cómo se reflejaría en la práctica lo estipulado.
“Lo que firmamos el pasado 9 es el resultado de una decisión profunda que desarrolló el Ejército de Liberación Nacional en sus eventos democráticos y en su vida política. Un periodista me pregunta que porque ahora sí y antes no. Yo le respondí que todos los gobiernos lo que querían era solo que el ELN se desmovilizara sin más. Esa no ha sido la postura y no lo será nunca (...). Por ese camino ni hemos andado ni vamos a andar”.
Rodríguez aclaró que se trataba de un cese bilateral con las Fuerzas Armadas del Estado. “Se paran las operaciones ofensivas del lado de ellas contra nosotros y del nuestro contra ellos. (...) Ante todo se busca amainar la situación de guerra, la confrontación, bajan las operaciones ofensivas y el desarrollo de inteligencia”, añadió.
“El cese va a ser en una disposición de alerta, en una postura ofensiva activa, porque si fuerzas oscuras, muchas de ellas amparadas con beneficios de una parte del Estado, actúan contra nosotros, entonces nos toca defendernos (...). Por eso, ni asomos de discusión de que vamos a dejar armas, de eso no se trata, olvídense de eso. Si esa fuera la condición, no hay acuerdo”, advirtió.