La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que será el Congreso de la República el que tenga la última palabra sobre el artículo de la reforma que plantea beneficios a delitos graves contra niños, y el cual fue revelado en exclusiva por SEMANA.

Sin embargo, desde el Gobierno “no [se] tendría inconveniente” en retirar la propuesta que ha generado una gran polémica en diferentes sectores.

“Es importante entender que hay gente, a raíz de muchas cosas, [que] piensa, equivocadamente, que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente”, detalló la ministra Buitrago.

Recientemente, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, rechazó la propuesta contenida en el artículo séptimo del proyecto de ley.

“La rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones judiciales en firme y rápidas”, explicó a jefa del Ministerio Público al advertir que los procesados por estos delitos no pueden recibir ningún beneficio.

Para la procuradora, lo expuesto en dicho artículo generaría un efecto contrario a la búsqueda de justicia. “Podría generar en la sociedad una percepción de menor gravedad para este tipo de delitos, lo cual no queremos fomentar”, afirmó.

La semana pasada, un grupo de 120 congresistas ya había manifestado una férrea oposición a dicha reforma.

“No es posible que se busquen beneficios para quienes atentan contra los menores, entendemos que hay cifras de impunidad, pero ese no es el camino para solucionar el tema”, explicó la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

El cuestionado artículo señala: “Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena”.

Frente a todas estas críticas, la fiscal general Luz Adriana Camargo había anunciado que se iba a realizar una revisión minuciosa de dicho artículo.

“Con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”, explicó la jefa del ente investigador.

Igualmente, en una rueda de prensa reciente, la ministra de Justicia había advertido que esto no generaba impunidad alguna, rechazando así las críticas que había recibido.

“¿Cuál es el mejor remedio para sancionar? Darle una pequeña rebaja, porque aquí es la mitad de la mitad, o sea, ni siquiera es el total, darle una pequeña rebaja y generar, por lo tanto, una norma que permita la investigación, judicialización y sentencia”, señaló la ministra al indicar que no se iban a otorgar grandes beneficios.

“El proyecto de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, que coadyuvó el Ministerio, tiene una norma que no quita las prohibiciones de lo que se llama el Sistema de Responsabilidad de Adolescentes. El Sistema es la Ley 1098 que prohíbe los beneficios de ley a las personas que realizan estas actividades con niños, niñas y adolescentes. Esa ley es clara en que no se permite ni libertad condicional, ni libertad provisional, ni permiso de 72 horas”, añadió.

Dicho artículo se presentó mientras el país veía horrorizado el aumento de casos de violencia y abuso contra menores de edad.