El incremento en los cultivos de coca tiene al Gobierno de Gustavo Petro pensando en nuevas alternativas de erradicación de esa planta que está directamente relacionada con la criminalidad.
El Ministerio de Justicia confirmó que se está explorando implementar la aspersión terrestre con un producto que no sea glifosato. Sin embargo, esa cartera no aclaró cuál sería el elemento que se utilizaría para realizar ese proceso.
“No se abandona la opción de erradicación, se volverán a adelantar estos procesos de forma controlada con un producto, entre otras, garantiza que no hay daño ambiental, ni genera daño para las poblaciones campesinas o a las poblaciones aledañas” señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
La iniciativa no se está aplicando todavía y por lo pronto el Gobierno evalúa cuáles son los métodos alternativos para erradicar la planta de coca con aspersiones, en medio de un escenario en el que las hectáreas sembradas incrementaron un 10% en 2023, con un potencial de producción que aumentó en un 53 %.
Para el Ministerio la búsqueda de un producto diferente al glifosato va en línea con la nueva política pública busca cumplir con los mandatos de la Constitución Política de 1991, que fijó la protección de la diversidad e integridad del ambiente, salvaguardar las riquezas naturales del país, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos para así asegurar su desarrollo sostenible, prevenir y controlar los factores del deterioro e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Si bien en el país se encuentra frenada la aspersión aérea con este herbicida, hay que recordar que existían equipos humanos de la policía que se cargaban bombas en la espalada y esparcían el químico sobre las plantaciones ilegales, este sistema fue el que quedó frenado.
Las fumigaciones con glifosato redujeron notablemente la producción de coca a comienzos de la década pasada, llegando al rededor de las 40 mil hectáreas de coca sembradas.
Pasando a otro punto, los procesos de erradicación terrestre agregan un riesgo para los funcionarios que desarrollan este tipo de iniciativas. En el pasado, militares y grupos técnicos especializados han caído en campos minados que eran utilizados por los grupos al margen de la ley para proteger sus cultivos.
El Gobierno Nacional han iniciado las labores de investigación para determinar el producto adecuado para fumigar los miles de hectáreas que se han logrado detectar con presencia de elementos ilegales. Además, con ayuda de grupos ecologistas se analiza los posibles impactos que pueden tener los procesos en las fuentes hídricas de la nación y en la fauna y flora del lugar.
Con la puesta en marcha de la iniciativa se espera dar una ayuda adicional a las autoridades de la ley que adelantan los procesos de destrucción de cultivos y campamentos de producción y fabricación de estupefacientes.
Junto a esto, se busca que con las medidas anunciadas por la ministra de justicia las comunidades aledañas se hagan partícipes en labores de sustitución de cultivos ilícitos por productos que puedan contribuir a la economía local.
Por el momento no se han dado más detalles de la reactivación de las erradicaciones manuales en el país. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Justicia en compañía de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, detallen el plan de acción y los tiempos de inicio del proyecto.