La situación de orden público en Caquetá es caótica. De hecho, lo que en este momento se presenta en Los Pozos, San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde enfrentamientos entre supuestos manifestantes y el Esmad dejan un muerto y varios heridos, es casi que una crónica anunciada. Al parecer, la compañía petrolera Emerald Energy iba a cerrar, y esa circunstancia desencadenó los hechos.
SEMANA conoció varios documentos que fueron enviados hace pocos días al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada. De hecho, la revelación más impactante, que hace la procuradora Kendy Marlowy en una comunicación del 18 de febrero, es que disidencias de las Farc podrían haber estado detrás de lo ocurrido.
Y no solamente al Gobierno nacional. Hay una carta enviada al gobernador de Caquetá en la cual la Procuraduría señala que “tiene conocimiento que desde las 5:00 a. m., integrantes de la guardia campesina se encuentran en frente de las instalaciones de la empresa Emerald en el sector de los pozos, municipio de San Vicente del Caguán, y según fuentes oficiales pretenden impedir la entrada y salida de las personas que se encuentran en dichas instalaciones e incluso la entrada de víveres”. La carta tiene como fecha el 18 de febrero.
“A las 3:00 a. m. inició el ingreso de unos hombres de la Guardia Campesina a la zona donde la empresa Emerald Energy realiza explotación de petróleo. Hay varios policías secuestrados, heridos y uno muerto confirmado hasta el momento. Nos preocupa esta situación porque es algo que se viene dando desde noviembre (2022) y el Gobierno nacional ha realizado dos visitas sin llegar a una solución”, sostuvo la Secretaría de Gobierno de Caquetá.
También se conoció que la hostil situación se viene gestando desde hace un mes. Lamentablemente, estos enfrentamientos, hasta ahora, dejaron un policía muerto identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, por herida con arma blanca mientras realizaba labores de contención en las instalaciones de la empresa petrolera. También se han registrado varios heridos, entre ellos, uno de los manifestantes.
La Procuraduría, en dichas alertas, pidió que se hiciera un Consejo de Seguridad. “El Ministerio Público ha identificado que los líderes y voceros no perciben como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que nubla las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades. Respetuosamente, se pone de presente el presente asunto, a efectos de estudiar la posibilidad de intervenir desde el grupo trabajo de legalidad y convivencia, por medio de acciones tendientes a promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y procesos de diálogo orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad (...)”, concluye la misiva.
SEMANA conoció también un oficio, dirigido al alto comisionado, Danilo Rueda, con fecha del 20 de febrero, firmado por un defensor regional y por Kendy Marlowy Turnet, procuradora Regional de Instrucción en la que señala: “El Ministerio Publico del Departamento del Caquetá conoce la situación de conflictividad que se viene presentando en los pozos de San Vicente del Caguán, en la cual algunas comunidades organizadas vienen realizando exigencias para el cumplimiento de compromisos suscritos con la empresa Emerald Energy, llegando a situaciones de hecho como bloqueos en las instalaciones de la empresa petrolera, impidiendo la entrada y salida de los trabajadores”.
Y agrega la Procuraduría: “El 20 de febrero de 2023 se reunieron las entidades que conforman el Ministerio público en la Región para contextualizar la situación actual de la problemática suscitada en los pozos y trazar una hoja de ruta que oriente las actuaciones preventivas para responder asertiva y conjuntamente a esta situación Humanitaria. De esta reunión se tienen algunas situaciones que podrían alterar la situación actual, destacando el descontento generalizado en las comunidades por la presencia de personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y la presunta movilización de comunidades que se sumarán a esta protesta, agudizando esta situación humanitaria”.
La Procuraduría confirma que en ese momento ya había identificado que los líderes y voceros no perciben como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que nubla las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades.
Según información preliminar, el asunto inició en la madrugada de este jueves 2 de marzo, cuando los manifestantes ingresaron a quemar las instalaciones de la empresa para exigir dinero, supuestamente, para la comunidad, y el no cierre de la compañía. Otra de las exigencias es la pavimentación de 42 kilómetros de la vía.