Estaba cantado, entre las solicitudes de levantamiento de órdenes de captura de miembros de las disidencias de las Farc para actuar como voceros de paz en medio de las negociaciones del Gobierno, se les iba a dar este beneficio a los más peligrosos de estas organizaciones. Pues el asunto ya es casi un hecho, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, solicitó la libertad nada menos que Javier Alonso Velosa, alias Jhon Mechas, quien intentó matar al expresidente Iván Duque.
El asunto se venía cocinando en silencio y a fuego lento. Ya el Fiscal se había negado a levantar las órdenes de captura contra peligrosos miembros de bandas criminales, por lo que no había certeza de que Barbosa fue a acoger la solicitud en el caso de estos 20 disidentes de las Farc, algunos de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, y otros del Estado Mayor Central de las Farc, que están bajo el comando de Iván Mordisco y que no se sumaron al acuerdo de paz.
El 9 de febrero se emitió la Resolución presidencial número 0014. Ahí estaba la lista de disidentes que recibirían el beneficio. Con este documento, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, hizo oficial la solicitud ante el fiscal Francisco Barbosa, quien sorprendido pidió explicaciones.
“Una vez allegada a la mencionada solicitud, la Fiscalía General de la Nación requirió al alto comisionado para la Paz para informar si las personas reconocidas como miembros representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc fueron certificados o no como miembros de la extinta guerrilla Farc”, advirtió el fiscal en una carta que envió al presidente Petro. Pero las respuestas no han llegado.
No se trata de un criminal de poca monta. El atentado contra el expresidente Iván Duque se dio el 26 de junio de 2021, apenas dos días después de que este mismo frente 33 había estallado una bomba contra las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, en el hecho hubo 36 heridos y, afortunadamente, no se registraron muertos.
Es un curtido miembro de las disidencias de las Farc, que actúa en la región del Catatumbo y Norte de Santander, pero que usa como retaguardia la porosa frontera con Venezuela, donde no solo se refugia de la persecución de la Fuerza Pública, sino que tiene peligrosas alianzas criminales.
Jhon Mechas es cabecilla de la disidencia conocida como GAOr-33 y subordinado de alias ‘Iván Mordisco’, jefe de esta estructura, que no se sumó a la negociación de paz de La Habana y desde hace varios años está delinquiendo y traficando en la región. Pero, según las autoridades, en los últimos tiempos han dirigido su accionar a realizar ataques contra la Fuerza Pública.
Javier Alonso Veloza, alias Jhon Mechas, es conocedor como pocos de la región, ese es su teatro de guerra, y además nació ahí. La información recaudada por las autoridades da cuenta que es oriundo del municipio de Tibú, tiene 39 años y su cédula de ciudadanía la expidió en El Tarra, otro municipio de la región.
En la actualidad registra circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno. Sin embargo, el Gobierno ya hizo saber que está solicitando la expedición de circular roja, para que sea detenido de manera inmediata si se encuentra en otro país.
Información de inteligencia en poder de SEMANA señala cómo Jhon Mechas y su jefe, Iván Mordisco, han usado la frontera como retaguardia en su accionar delincuencial. “Estratégicamente ha ubicado sus zonas campamentarias en territorio venezolano, aprovechando esta situación para desde allí planear la ejecución de acciones terroristas”. Solo en 2021 se cuentan 48 acciones.
En Colombia centra su accionar en los municipios aledaños a la tupida región del Catatumbo: Tibú, El Tarra, San Calixto, Hacarí, Sardinata, Teorama, Convención y la ciudad de Cúcuta son los ejes del accionar de este grupo disidente, cuyo último gran golpe fue precisamente el bombazo a la Brigada 30, principal unidad militar de la región.
Alias Iván Mordisco y alias Jhon Mechas direccionan todos los planes urbanos y están empeñados en consolidar un plan que han denominado el “Proyecto Farc-EP” direccionando la reestructuración de componentes armados en Arauca, Norte de Santander (donde están ellos), Cauca, Nariño, Putumayo, Valle, Casanare, Amazonas, Huila, Tolima y Meta.
La meta es volver a contar con el aparato militar que tenían las Farc ante de iniciar las negociaciones de paz que se dieron con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y de las cuales no formaron parte.
El Frente 33
Desde el gobierno de Juan Manuel Santos tenían claro que un grupo de combatientes del Frente 33 de las Farc, en Norte de Santander, no estaban de acuerdo con la negociación de paz, pero no le dieron la relevancia necesaria, y poco a poco, con la firma del acuerdo y la salida de la guerrilla, este grupo fue ganando mayor poder y operatividad en la región. Los años que duraron los diálogos de La Habana los usaron para fortalecerse militarmente.
Justamente uno de los emisarios y artífice del crecimiento de esta organización ilegal es Jhon Mechas, quien, según documentos en poder de SEMANA “habría sostenido una reunión con cabecillas del Frente de Guerra Nororiental del ELN, para realizar alianzas estratégicas con el propósito de retomar las zonas donde delinquía el Frente 33 de las Farc”.
El primer acuerdo planteaba que “el GAOr-33 no interferiría en los asuntos relacionados con el GAOr de Iván Márquez o autodenominada Segunda Marquetalia y respaldarían las disidencias de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco, máximos cabecillas del Gaor en el oriente del país”.
Esta estructura residual estaría conformada en la actualidad por aproximadamente 250 integrantes, ubicados en los municipios de Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, Sardinata, Hacarí, San Calixto (Norte de Santander) y límites fronterizos con el país de Venezuela, y señalan los informes que “buscan incrementar su poderío bélico y logístico a través del tráfico de estupefacientes, su principal fuente de financiamiento. Todo esto aunado a las constantes actividades de proselitismo político con campesinos y residentes de esta zona, buscando obtener el apoyo necesario que garantice su presencia en la zona”.
Su principal fuente de financiación es el narcotráfico, en especial de las 40.144 hectáreas de arbusto de coca, con un potencial de producción de 276 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encuentran en la región del Catatumbo.