Las demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad se han convertido en un desangre para las arcas de la Nación. Las pretensiones del número de demandas falladas en contra el aparato judicial han superado 18 billones de pesos en las últimas dos décadas. La mayoría son personas que permanecieron varios años tras las rejas a la espera de que un juez resolviera su situación. Ese fue uno de los principales argumentos que motivaron la Ley 1760 de 2015, promovida por el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, y por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, y aprobada por el Congreso hace un año. Esa ley buscaba modificar los criterios para aplicar las medidas de aseguramiento, con el argumento de que la privación de la libertad debería ser la excepción del sistema penal, lo extraordinario, no la regla. Para ello, quedó consagrado el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que la Fiscalía y la justicia resolvieran la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad. De no hacerlo, quienes siguieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciara sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad. Como la ley entró en vigencia el 6 de julio del año pasado, el próximo 6 de julio cerca de 14.000 sindicados, según el fiscal general, Jorge Perdomo, estarían listos para salir a la calle. Según Perdomo, podrían beneficiarse por esta ley 997 personas sindicadas por acceso carnal violento a menor de 14 años, 1.053 por acto sexual a menor de 14 años, 1.907 por homicidio, 1.528 por concierto para delinquir, 2.694 por porte ilegal de armas, 2.913 por tráfico de estupefacientes y 531 por extorsión. Ante la posible excarcelación masiva de presos, muchos de ellos de gran peligrosidad, el Gobierno convocó de urgencia a las comisiones primeras del Senado y la Cámara para aprobar un nuevo proyecto de ley que amplíe un año el plazo a la Fiscalía y la justicia para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica, dentro de un plazo más razonable. La petición del Gobierno no cayó en gracia al Congreso. Senadores y representantes, incluso de la Unidad Nacional, aseguraron que el Gobierno está utilizando al Congreso como ‘carne de cañón’ para responsabilizarlo de la inminente excarcelación masiva de presos que se podría producir a partir de este 6 de julio. “Nos están diciendo que si no aprobamos un proyecto de ley somos culpables de que miles de delincuentes salgan a la calle. La responsabilidad no es del Congreso, es del fiscal general, del Ministerio de Justicia, que no han tomado las acciones necesarias este año”, dijo la senadora Viviane Morales. “La principal responsable y quien tiene que darle explicaciones al país es la Fiscalía”, aseguró la congresista María Fernanda Cabal. “Es francamente vergonzoso. Como si este problema fuera del Congreso. Es absurdo que el ministro de Justicia con una mano declare la emergencia carcelaria y con la otra nos pida que dejemos presos guardados por un año más”, dijo Claudia López.“Estas consecuencias habían sido anunciadas. Ojalá no estemos en un año siendo convocados para una ley que pida otro año de prórroga”, declaró el senador Germán Varón. Para el ministro de Justicia, Jorge Londoño, de no aprobarse esta ley antes del próximo 20 de junio, no sólo podrían salir de la cárcel personas sindicadas de delitos sexuales, sino que se verían afectados procesos complejos que vinculan a bandas criminales, sindicados por corrupción o delitos administrativos.Pero de aprobarse, dijo Londoño, sólo saldrían aproximadamente 10.811 sindicados, comprometidos con delitos menores. La idea es mantener el cerrojo para los sindicados de procesos complejos. El fiscal Perdomo dice que este año los fiscales e investigadores han puesto todo de su parte, pero culpó al actual sistema penal acusatorio para cumplir ese término. Incluso advirtió que como están las cosas, es probable que en un año quien esté en la Fiscalía se vea obligado a pedir una prórroga similar. Incluso, en el texto de la ponencia, el fiscal Perdomo culpó al Congreso por no haber aprobado un proyecto de reforma que sólo surtió un debate. A pesar de trasladarse responsabilidades, las comisiones primeras le dieron primer debate a este proyecto que necesita ser aprobado antes de un mes, el principal argumento, para que no señalen al Congreso como responsable. De no hacerlo, 2.050 presuntos agresores sexuales podrían reclamar su libertad.