El Gobierno propondrá al Congreso la reforma al sistema de salud, cuyos puntos principales son la desaparición del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), la modificación de las entidades promotoras de salud (EPS) y la reducción de la intermediación financiera. Esta reforma contempla la creación de Mi-salud, una entidad pública que afiliaría directamente al sistema, y recaudaría y distribuiría los recursos que hoy financian los regímenes contributivo y subsidiado. Mi-salud tendría autonomías administrativa, financiera y presupuestal. De esta manera, desaparecería el FOSYGA, que actualmente es el fondo que tiene la mayor parte del presupuesto para este sector. Además, se pretende ampliar el plan de beneficios con un programa integral para reducir la llamada zona gris y disminuir la proliferación de tutelas, según información del Ministerio de Salud. Así mismo, se transformarán las EPS en administradoras de la atención básica y especializada con un énfasis territorial y redes de prestadores ya definidas. Con esto, el paciente ya no se afiliaría a una EPS sino al sistema directamente, a través de la entidad Mi-salud. Otras dos opciones que pueden tomar las EPS para no desaparecer son retirarse del aseguramiento social y especializarse en seguros voluntarios, o unirse a alguna red de prestadores de salud. Otra intención de la reforma es dotar a la Superintendencia Nacional de Salud con más instrumentos de control. Con esta nueva reestructuración, el Gobierno haría un pago fijo a los administradores para la prestación completa de la atención a los usuarios en la red básica. Además, por la gestión del riesgo en las redes especializadas y especiales, se recibiría una Unidad de Pago por Capitación, como ocurre en el sistema actual. El proyecto de ley será radicado en el reinicio de las sesiones del Congreso y tendrá un llamado de urgencia por parte del Ejecutivo.