El Gobierno nacional emitió este jueves, 15 de agosto, la reglamentación que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia hasta la semana 24, medida que se da como respuesta a la sentencia de la Corte que despenalizó el aborto hasta esta misma semana.
Fue la Superintendencia Nacional de Salud la que se encargó de firmar esta circular externa, que da instrucciones frente a la garantía del acceso, calidad e integridad de la interrupción voluntaria de las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) y personas gestantes entendiendo que en este grupo también están incluidos hombres trans y personas no binarias durante cualquier etapa de su ciclo vital.
Estas directrices fueron impartidas para que las EPS, IPS, entidades territoriales y otras garanticen este derecho.
La Supersalud explicó que con estas instrucciones se busca avanzar en la superación de las barreras de acceso existentes y la garantía de la atención integral de la IVE en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo.
Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente Nacional de Salud, destacó la importancia de este paso y que el mismo se cumpla a cabalidad para garantizar de esta manera este derecho.
“Es importante avanzar en circulares como esta, que nos permitan garantizar el derecho fundamental de la salud a todas las personas y acompañar los procesos que tienen que generar transformación a nivel social para que estos derechos realmente logren ser efectivos”, señaló.
Desde el movimiento Causa Justo celebraron esta reglamentación: “Esperamos que los prestadores y demás actores del sistema de salud acaten las instrucciones establecidas en la circular. No hay excusa para no hacerlo”.
Esta circular fue realizada por un equipo interdisciplinario de la Supersalud y, además, contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres, prestadores de servicios de salud, empresas, entidades públicas y personas naturales. Entre todos se presentaron observaciones y recomendaciones, que permitieron conocer las preocupaciones de las personas que acceden al sistema de salud y los colectivos dedicados a este tema.
“Queremos insistir en la importancia de que los actores del sistema de salud acojan las instrucciones de la circular en aras de la efectiva implementación de la sentencia causa justa, pero también en aras de avanzar hacia la despenalización social del aborto en nuestro país”, dijo Laura Castro González, representante de la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Dentro de las directrices se menciona que no se deben imponer barreras administrativas y de atención, así como abstenerse de ejercer violencia obstétrica y/o prácticas discriminatorias que busquen disuadir a las mujeres y personas gestantes de solicitar y acceder a la prestación integral de la IVE.
Asimismo, se indica que se deben adecuar los servicios de salud para atender las necesidades específicas de las mujeres y personas gestantes con discapacidad, proporcionando los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias necesarios para garantizar su acceso y la calidad de los servicios de salud.
De igual manera, se debe brindar información en condiciones de libertad, equidad y que permitan el acceso y disponibilidad a un método anticonceptivo que se ajuste a las necesidades y los criterios de elegibilidad.