Ni a favor ni en contra. El gobierno colombiano pareció ‘lavarse las manos’ y no fijó una postura frente al matrimonio entre parejas del mismo sexo. La decisión la dejó en manos del Congreso, un día antes del crucial debate. Armando Benedetti (La U), autor del proyecto que pretende modificar el código civil vigente para que se modifique la definición de matrimonio, reclamó del gobierno una postura definitiva. Lo hizo este martes cuando tuvo en frente al ministro del Interior. Fernando Carrillo sólo le pidió al Congreso analizar las consecuencias jurídicas de modificar la definición de matrimonio. “Oigan al mundo de los juristas”, pidió Carrillo, y que se discuta si la garantía a los derechos de las parejas del mismo sexo se debe hacer mediante una ley o una reforma a la Constitución. Sólo pidió que la decisión del Congreso “no divida más al país” y que “garantice los derechos de las minorías”. Las posiciones enfrentadas no es si las parejas homosexuales tienen derecho a ‘casarse’, pues la Corte Constitucional ya reconoció ese derecho. La discusión es si las parejas homosexuales tienen derecho a constituir una familia. Para saldar la discusión, en el Congreso se debate si se crea una figura denominada “unión solemne”, pero no tendría los alcances que la ley colombiana le da al matrimonio,  entre otros el derecho a la adopción. Esa postura fue precisamente la que anunció el presidente del Congreso, Roy Barreras, lo que ha generó un reclamó de la comunidad LGTBI. “Sería una figura excluyente”, dice la concejala Angélica Lozano, una de las defensoras del matrimonio igualitario.   La Iglesia, mediante una carta, le pidió al Congreso no modificar la concepción de familia consagrada en la Constitución, por eso pidió que para las parejas gay se les reconozca los derechos patrimoniales de sus uniones civiles, pero pidió no concederles el derecho a constituir familia. “El matrimonio no es una unión meramente afectiva, es también una unión natural y jurídica, orientada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua entre los cónyuges. De ese modo, cimentando las bases de la familia, el matrimonio contribuye de manera insustituible al bien común de la sociedad”, dice la carta, firmada por el cardenal Rubén Salazar y el obispo auxiliar de Cali José Daniel Falla, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal, respectivamente. Angelino Garzón, vicepresidente de la República tampoco fijó una postura. “No soy congresista”, fue su respuesta aduciendo a que la última palabra la tendrá “en su autonomía” el Senado de la República. Lo que Garzón sí se comprometió es a participar en un diálogo entre el procurador general Alejandro Ordóñez, el principal opositor del estado al matrimonio igualitario, y los activistas gay. “Que se sienten, hablen y discutan. Si quieren me pueden invitar a ese diálogo”. El miércoles el pleno del Senado deberá fijar su postura. El debate no tendrá la interferencia del gobierno, tal como la ha pedido el Partido Conservador, que le pidió al Ejecutivo no tomar partido en este debate.