El Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y las disidencias de las FARC activaron este martes, 9 de enero, el tercer ciclo de negociaciones en el que esperan definir si extienden o no el cese al fuego bilateral que está por culminar el 15 de enero.
Se prevé una discusión intensa, dado que Petro dijo en diciembre que no ve prioritario continuar con los ceses al fuego que no incluyan un debate sobre la destrucción y el reemplazo de los cultivos ilícitos, en especial de la coca.
Las disidencias de las FARC se mostraron en desacuerdo con la exigencia al plantear que no negociarán sobre cultivos ilícitos “que no son nuestros” y advirtieron al presidente que “el cese al fuego no se condiciona así”.
El jefe de la delegación gubernamental, Camilo González, confirmó el inicio de las reuniones a través de un video difundido a la prensa en el que enumeró los principales objetivos, entre los que está el cese al fuego y las “transformaciones territoriales frente a economías ilícitas”.
Las reuniones se sostendrán hasta el 20 de enero por primera vez en Bogotá bajo reserva, sin actos protocolarios públicos ni acceso a la prensa previsto.
Según González, evaluarán lo que ha ocurrido desde el 16 de octubre del año pasado, cuando instalaron formalmente la mesa de negociación y pactaron un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC).
Se trata de agrupaciones disidentes pequeñas que se formaron y luego se unieron bajo el rótulo del EMC aglutinando a quienes no firmaron en 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Las conversaciones con el EMC se enmarcan en una política gubernamental llamada “paz total”, con la que Petro busca disminuir la violencia e iniciar procesos de diálogo con los grupos que aún persisten en el país.
El cese al fuego ha contado con un protocolo que exige, además del cese de hostilidades, la protección a la población civil con referencias al derecho internacional humanitario.
Cuando está a punto de terminar el cese al fuego pactado, las partes han instalado dos de los cinco mecanismos regionales que buscaban monitorear y verificar el cese al fuego en los territorios más álgidos del país.
“Hay un mecanismo de verificación, un informe de contingencia, hay un balance que tiene irregularidades, pero que en términos generales es positivo”, detalló González.
El incidente más notorio se registró el 5 de noviembre del año pasado, cuando las disidencias suspendieron unilateralmente los diálogos tras reclamar supuestos incumplimientos del Estado y la salida del ejército de algunas zonas, mientras que el ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.
Tras lograr reanudar los diálogos y superar la crisis, la disidencia se comprometió a abandonar los secuestros para cobrar rescates, uno de los crímenes más repudiados en el país que por décadas ha sido usado por los grupos armados.
En el tercer ciclo de conversaciones planean abordar la construcción de una agenda ambiental que incluiría la protección de la Amazonía, en peligro por la creciente deforestación.
En el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, divulgado el lunes, se resaltan los acuerdos alcanzados por las partes y se exhorta a que perseveren en el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y especialmente en la protección a la población civil.
*Con información de AP