A dos días de que caduquen las competencias de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el gobierno del presidente Duque llegó a una conciliación para firmar la renovación del mandato. Tras siete meses de diálogos en Ginebra, en los últimos días creció la posibilidad de no llegar a tiempo a un acuerdo. A pesar que en cabeza de los encuentros estaba el propio canciller Carlos Hollmes Trujillo, su jefa de gabinete Diana Patricia Mejía, la embajadora ante las Naciones Unidas Adriana Mendoza y hasta el consejero Francisco Barbosa, por primera vez en 23 años el mandato estuvo a punto de caducar sin una solución a la vista. Hasta esa ciudad de Suiza viajó la semana pasada una parte de la delegación para participar de otro encuentro. Pero como la negociación seguía bloqueada, el ministro salió el viernes rumbo a Bruselas con las manos vacías hasta este martes que encontraron una solución. A pesar que desde diferentes instancias del gobierno se ha dicho que "los representantes han reafirmado su compromiso de continuar trabajando en estrecha colaboración con la alta comisionada y han reiterado la voluntad del gobierno de que esta oficina permanezca en el país", lo cierto es que hay serias dificultades y, si bien hay mensaje expreso que habla de un compromiso, los hechos indican otra cosa y muchos creen que es más teoría que práctica.
El trino de este lunes, en el que el expresidente Ernesto Samper se refiere al pulso sin resolver que librarían el Gobierno y la oficina de la ONU, fue un pase directo a la discusión que tuvo lugar en junio pasado. En ese entonces, cuando comenzaba la negociación, se filtró el documento que daba cuenta de los ajustes que el presidente Iván Duque trataría de incluir en su relación con la Oficina de DD.HH de la ONU. Aunque tan pronto se conoció el borrador la Cancillería aseguró que "no existe un comunicado oficial", el contenido del mismo nunca se desmintió. Ese episodio, sin embargo, llevó a que las reuniones que históricamente se habían adelantado en Bogotá cada tres años, y que hoy se gestionan en el exterior, se tornaran aún más herméticas. Ahí no paró la corrección en los protocolos. Según cuentan fuentes consultadas por SEMANA, el gobierno solicitó formalmente a la ONU que el tema se manejara con un carácter confidencial y de total reserva. De ahí, que se haya conocido más bien nada de lo que está pasando con la negociación del mandato. Tanto así, que los periodistas que el viernes esperaban al funcionario a la salida del Palacio, se quedaron con los crespos hechos. El canciller Holmes Trujillo evacuó por una salida alterna a la principal, sin que nadie se percatara. "Por qué no llevan a cabo la negociación de cara a la sociedad civil, cómo siempre se hizo. ¿Por qué tanto secretismo?", le dijo a este portal Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH). En esencia, la discusión tiene que ver con lo mismo que se conoció hace cuatro meses. Si bien es cierto, como dicen voceros del gobierno, que no se quiere poner fin a la Oficina de DD.HH de las Naciones Unidas en el país, al parecer sí hay un claro un interés por "restringir y acotar el mandato". Es decir, dejarla sin dientes. Aunque los datos iniciales indicaban que el gobierno buscaba ajustes tanto de forma como de fondo, la recta final de la discusión versa sobre el artículo quinto del mandato. Es decir, sobre las funciones de la oficina y el interés que hay por determinar qué puede hacer y que no.
La negociación es de hondo calado. Se trata de un órgano de la ONU que históricamente ha sido incómodo para los Estados. Y, no solo para el colombiano. Como ejemplo de ello, está el duro reporte que en diciembre entregó el relator especial de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humano Michel Forst, que no fue recibo con buenos ánimos por el gobierno. “Mi papel es decir la verdad, no complacer al gobierno, así como dar elementos que puedan orientar la nueva política, que sin dudas debe ser construida y consultada con todos los actores involucrados”, dijo el francés durante su visita. Y es que la oficina ha jugado un papel determinante en el país como ocurrió durante la construcción de la Ley de Justicia y Paz con la que se juzgó los delitos cometidos por los paramilitares. Gracias a ella, se incluyó los derechos de las víctimas y no se redujo a una amnistía. Cada vez que la oficina se instala en un país, con excepción de México, tiene dos mandatos: asesorar y observar. Si por muchos Estados fuera, este último punto ni se incluiría. Aún desde 1996 cuando el expresidente Samper consiguió que la misión aterrizara en el país, lo hizo conservando ambos términos. Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, sin embargo, ese mandato se amplio y a la oficina de DD.HH en La Habana, le encomendaron ir más allá de "hacerle seguimiento independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto de violencia y conflicto armado interno que sufre el país". Ahora, también se habla de: 1) Incluir en los informes anuales un capítulo especial sobre la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos. 2) Acompañar a las víctimas 3) Participar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 4) Ayudar a ofrecer garantías de seguridad individuales y colectivas para miembros de las Farc y 5) Participar de la mesa encargada de desarrollar y coordinar el plan estratégico de seguridad y protección para el partido político de la exguerrilla. Además de colaborar, previa solicitud, en la verificación de la implementación y cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ahí precisamente radicaba la discusión y la preocupación de lo que pasaría este jueves. La oficina de DD.HH de la ONU se convirtió en un actor clave dentro de la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla. Por eso, analistas consultados creen que no ampliar el mandato, sería una ataque directo y un incumplimiento grave de lo que se pactó. De ahí, que este martes 31 redes, 259 organizaciones nacionales, 67 redes y organizaciones internacionales; además de 99 personas, manifestaron a través de un comunicado la preocupación de que el gobierno se quedara de brazos cruzados. "Señor presidente: la oficina de DD.HH es una aliada estratégica para su gobierno y para la sociedad en su conjunto. Entorpecer su labor en nuestro país mediante recortes a su doble mandato o la imposición de trámites excesivos sería un error que únicamente llevaría a que la situación humanitaria y de derechos se continúe agravando. También sería un desconocimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con la Comisión de Derechos Humanos que se encuentran vigentes", advierte la carta que entre otras organizaciones firma Redepaz, Movice, Ruta Pacífica de las Mujeres y Oxfam en Colombia. Y es que la discusión de la ampliación del mandato se da precisamente cuando en el país se elevó a 159 el número de excombatientes de las Farc asesinados y se habla de más de 140 defensores de derechos humanos acribillados. Bajo ese contexto, es que el gobierno hasta este martes no había podido encontrar los términos para llegar a una ampliación del mandato. La participación activa que tiene la oficina en términos de monitoreo y seguimiento, se podrían convertir en una piedra en el zapato. Por eso, adoptar solo el concepto de asesor era una vía para sacar los temas de derechos humanos de la agenda de la asamblea de la ONU. "Se está ambientando un escenario para dejar en un estado de total indefensión a las comunidades más vulnerables", manifestó una antigua funcionaria de la Cancillería. Mientras que la oficina que lidera Michelle Bachelet insistía en conservar las competencias tal como venían, los delegados del Gobierno intentaron durante todos estos meses que la oficina en Ginebra accediera a los informes fueran previamente evaluados y se leyeran todos en ese país. Esto, sin contar que funcionarios de las Naciones Unidas le contaron a SEMANA que el gobierno decidió trasladar la discusión a esa ciudad, para aislarla de la participación social. Debido al hermetismo que rodeó la negociación, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué se resolvió. Lo cierto del caso es que hay acuerdo, se prorroga el mandato y habrá que ver bajo qué término quedó. Entre la lista de cambios que aparentemente el gobierno había sugerido también se hablaba de modificar el concepto de conflicto armado interno por "compleja situación" en aras de buscar un "lenguaje neutral". Teniendo en cuenta que el gobierno considera que hay un prejuzgamiento por parte de este organismo, con implicaciones negativas, también se contempló buscar que la oficina resalte los logros y buenas prácticas del Ejecutivo. Otro de los puntos cruciales, y uno de los más sensibles, es la modificación de los protocolos mediante los cuales se nombra el director de su delegación en Colombia. Los términos del nuevo mandato no solo tendrán efecto en el país, sino también en el resto del mundo. Debido a que la Oficina de DD.HH. de la ONU en Colombia fue la primera que se abrió, es un modelo de exportación que tienen muy en cuenta el resto de Estados que han aceptado la misión. De ahí, que haber cedido en las peticiones del gobierno del presidente Duque habría un despropósito contra la defensa de los derechos humanos que hace el órgano en cabeza de Michelle Bachelet. De alguna forma, haber pospuesto la decisión dificultará la gestión de cooperación efectiva. Sin embargo, haber resuelto la discusión en el plazo fijado evitará que se desencadene una serie de problemas como poner en riesgo a los empleados de la misión que están –especialmente– en las zonas más afectadas por el conflicto. La manzana de la discordia La discrecionalidad que ahora busca el gobierno para seleccionar el representante de la Oficina de DD.HH tiene que ver con la incomodidad que la oficina representa para los gobiernos. De eso quedó constancia en dos episodios del año pasado. El primero de ellos ocurrió en mayo, cuando se realizó una visita de alto nivel de seis agencias de Naciones Unidas a Colombia. El canciller Holmes Trujillo se desentendió del tema y en su lugar, delegó a Marcela Ordóñez, jefa de cooperación de la Cancillería, que terminó hablándoles a los invitados del “trabajo desarticulado de las agencias del sistema” y del posible retiro de varios de sus programas del país, entre ellos el de ONU Mujeres. La mayor molestia del gobierno, sin embargo, se dio cuando el representante que esa oficina tiene en Colombia, Alberto Brunori, asumió una posición en medio de la discusión de las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). "La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y a la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales”, dijo durante la presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018.
Tras ello, el gobierno desconoció la declaración del representante de la oficina en terreno, lo desautorizó y el canciller Trujillo se limitó a replicar las palabras que le había dicho el secretario de la ONU António Guterres en una reunión que habían sostenido días antes. “Le expliqué que se trata de una facultad que tiene el presidente de la República”, afirmó para medios sobre las objeciones que hundió la Corte Constitucional. "No se trata de ninguna manera de un choque de trenes en el sentido de que se trata de fortalecer la JEP para garantizar los derechos de las víctimas”, agregó. El episodio, sin embargo, inyectó una alto dosis de desconfianza.
La molestia aumentó tras la visita del relator especial de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos Michel Forst. El calibre del informe no cayó muy bien y su visita se convirtió en la primera y la última que, a la fecha, ha realizado un diplomático de su categoría al país. De acuerdo, con información conocida por SEMANA, se han cancelado o enredado la visita de al menos cinco relatores. Entre ellos, la visita que le habían programado al relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento Léo Heller y que había anunciado el mismo gobierno. Además, de la relatora de los derechos humanos de las mujeres, cuya visa también se frustró.