El periodista Gonzalo Guillén no fue reconocido como víctima dentro del proceso penal que se adelanta conta el empresario Carlos Mattos por sobornar a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para resultar beneficiado con medidas cautelares y poder seguir vendiendo vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
El juez 11 de conocimiento de Bogotá avaló los argumentos presentados por la Fiscalía y la Procuraduría General que señalaron que no existen méritos para darle este reconocimiento al comunicador. En este punto se cita que los hechos por los que es procesado Mattos no tienen relación alguna con lo que ha mencionado el periodista por medio de su defensa.
“Resulta improcedente acceder a la petición para reconocerlo como víctima”, precisó el funcionario judicial señalando que Mattos enfrenta unos delitos relacionados con fraude procesal y cohecho (entrega de sobornos), algo muy alejado a lo que mencionó la defensa de Guillén, quien citó otras actividades ilegales.
El comunicador anunció que presentará recurso de apelación para que sea estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esto al indicar que en el marco de la negociación del preacuerdo con el empresario, la Fiscalía y la defensa de Mattos quisieron vincularlo a él en el ilícito de recibir sobornos para empezar una campaña de desprestigio contra el ente investigador y así minar la credibilidad frente a las investigaciones por el denominado caso Hyundai.
Este jueves, la Fiscalía General solicitó formalmente que se retire el preacuerdo firmado con Mattos. El fiscal Daniel Hernández –quien adelanta desde hace varios años la investigación contra el empresario colombo-español– aprovechó la oportunidad para cuestionar las declaraciones dadas por el abogado Iván Cancino, quien hasta hace poco defendió al expresidente de Hyundai Colombia.
Esto debido a que Cancino aseguró que tanto los fiscales del caso como los abogados de Mattos que negociaron el preacuerdo habían recibido 900 mil dólares con el fin de fijar una pena mínima de cárcel, por lo cual pidió que se compulsaran copias para que se adelante una investigación en contra de todos aquellos que tuvieron conocimiento o participación de la firma de este preacuerdo.
“Frente a esta insinuación se tendrá que investigar a las siete personas que participaron”, precisó el fiscal Hernández. Esto citando que el abogado Iván Cancino le insinuó al periodista Gonzalo Guillén “la posible actividad o hechos corruptos al interior de esta negociación. Entonces se deberá investigar tanto al procesado como a sus tres defensores y tres funcionarios de la Fiscalía General que participaron en esa negociación”.
Hernández aseguró que Cancino “aseveró” que existió una “clase de constreñimiento en contra del señor Carlos José Mattos Barrero para que declarara falsamente en contra del señor Gonzalo Guillén. Este hecho también debe ser investigado”. Para el delegado del ente investigador todo lo dicho por el abogado penalista generó un vicio de ilegalidad “más fuerte” en el preacuerdo.
“Sería inaceptable que la Fiscalía General siguiera convalidando un preacuerdo en el cual, según uno de los defensores, se han cometido tales irregularidades e ilegalidades. La misma defensa técnica manifiesta que según la teoría del caso que ellos pueden presentar lograrán derrumbar la tesis delictiva de la Fiscalía”.
En su argumentación aseguró que los señalamientos hechos por Cancino están totalmente alejados de la realidad, puesto que el preacuerdo no se negoció de la forma como lo cita ni se recibió ningún tipo de dinero a la hora de establecer la condena de Mattos, quien aceptó haber sobornado con 100 millones de pesos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron.
Mattos actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Esto después de que se revelara que recibió permisos irregulares por parte del Inpec para salir de la cárcel La Picota. Estas salidas, supuestamente a citas médicas, eran aprovechadas por Mattos para ir a su oficina privada en el norte de la capital de la República para tratar temas privados. Este hecho de corrupción generó un sacudón en el Inpec.