La noche del pasado 28 de junio, 56 presos de la cárcel de mediana Seguridad de Tuluá murieron, mientras que otros más resultaron heridos, de los cuales, cinco permanecen hospitalizados, dos de ellos en unidades de cuidados intensivos de centros médicos de ese municipio de la región central del Valle del Cauca.
Cerca de dos meses después de este hecho, un equipo de la Defensoría del Pueblo visitó el establecimiento penitenciario, como parte del proceso de seguimiento a lo sucedido en el patio 8, frente a la adopción de medidas para evitar que se repitan casos como los ocurridos.
“Nuestro equipo de funcionarios de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”, aseguró el titular de ese despacho, Carlos Camargo.
El funcionario señaló que “durante la visita llamamos la atención a las autoridades, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”.
Se indicó que la entidad viene implementando en este centro penitenciario un plan piloto de descongestión carcelaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1542 de 1997.
Adicionalmente, se informó que al poner en ejecución este plan se ha logrado la atención priorizada y el trámite de beneficios jurídicos para personas privadas de la libertad en calidad de condenadas al interior de este establecimiento.
Continúa hacinamiento
Otra de las irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo es el hacinamiento que se mantiene en ese centro penitenciario y que llega al 24 %, así como las condiciones en que se encuentran los privados de la libertad frente al acceso a la salud.
“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, indicó el organismo.
La entidad señaló que en la jornada de verificación también se evidenció que el establecimiento penitenciario no cuenta con un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas.
“Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, puntualizó Camargo.
Familias demandan
Después de la tragedia ocurrida en la cárcel de la ciudad de Tuluá, la firma de abogados Legalgrup confirmó que diez familias iniciaron el proceso de demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia.
El presidente de la compañía, Jonathan Velásquez, dijo que iniciaron la representación de las familias ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una reparación directa en contra del Estado por la responsabilidad administrativa y patrimonial.
“El Inpec debía salvaguardar la vida de sus internos, que se encontraban en el pabellón ocho y en donde evidentemente falló en esa responsabilidad”, señaló.
Asimismo, Velásquez aseguró que también buscan conocer la verdad de lo sucedido al interior del centro penitenciario. Expuso además que necesitan claridad sobre las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en la tragedia que ha dejado 55 personas muertas.
Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han dado un informe final de lo ocurrido, todo lo referente con este asunto es materia de investigación, por lo que la firma Legalgrup está recaudando información correspondiente con el caso.
“Hasta el momento, con el material probatorio recaudado, se demuestra que evidentemente hubo una falla por parte del Inpec en este proceso, pues según el informe entregado por la Procuraduría delegada para los derechos humanos se evidencia que los extintores no se encontraban en adecuadas condiciones de funcionamiento”, manifestó el abogado, quien además señaló que la estructura no contaba con un sistema contra incendios.
Finalmente, manifestó que están esperando los informes de necropsia, para determinar las causas de muerte de algunos de los internos.