El pasado martes la defensa de Milton Jiménez, el guardián del Inpec que resultó capturado como presunto responsable por la fuga de alias Matamba, solicitó a un juez la sustitución de la medida de aseguramiento, de la cárcel a la detención domiciliaria. El abogado Daniel Eduardo Cardona argumentó que los requisitos para mantener privado de la libertad a su cliente se vencieron.
Por el contrario, la Fiscalía advirtió que aún persiste el riesgo para la sociedad y los procesos en contra del funcionario del Inpec, de ahí la necesidad de mantener la medida de aseguramiento. Incluso, aseguró que otro fiscal solicitó una imputación de cargos por el delito de homicidio agravado, lo que hace obligatorio mantener en la cárcel al procesado.
Ese argumento, en criterio de la defensa de Milton Jiménez, es falso. Por lo menos cuando lo dijo el fiscal en la audiencia y ante el juez de Control de Garantías. De acuerdo con el abogado Cardona, existen pruebas que demuestran cómo, al momento de aseverar que existía una solicitud de imputación, la Fiscalía no tenía petición en ese sentido.
Para la defensa, el fiscal llevó a un error al juez de Control de Garantías al insistir que la solicitud de imputación en contra del guardián del Inpec era un hecho cierto, pues al revisar el material probatorio se logró establecer que esa solicitud se hizo 40 minutos después de suspenderse la diligencia en la que se definirá la sustitución de la medida de aseguramiento.
En la audiencia, la Fiscalía insistió que los elementos de prueba necesarios para confirmar la medida de aseguramiento estaban vigentes y así se podría garantizar la efectividad de la justicia, además de evitar el riesgo de fuga del procesado, en este caso el guardián Milton Jiménez.
“La fiscal a cargo de ese otro proceso insiste que hay un caso abierto y dice que eventualmente podría haber una preclusión, pero el caso está abierto, son posibilidades, latentes. No estamos haciendo una argumentación categórica de que precluyó y, eventualmente, si fuera así, no es la Fiscalía la que toma la decisión de precluir, es un juez”, señaló el fiscal del caso.
En criterio de la defensa, la actitud de la Fiscalía y en particular del fiscal a cargo este proceso, configura una falta gravísima, pues no solo lleva un error a la administración de justicia, sino que podría estar inmerso en conductas delictivas tales como falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso e, incluso, fraude procesal.
“En conformidad con lo reglado en el parágrafo… de que se mantengan los argumentos para poder sostener que puede detenerse de manera preventiva a una persona con una intensidad mucho más alta que la eventual pena a la que se podría exponer esta persona, en caso de resultar condenada”, dijo el abogado Daniel Eduardo Cardona, defensa del guardián, en la audiencia que se suspendió.
El juez escuchó en la audiencia los argumentos de todas las partes, incluso de la Procuraduría, que apoyó la solicitud del fiscal, de mantener la medida de aseguramiento. El juez dejó para este jueves resolver la solicitud de la defensa, que ahora suma nuevos elementos de prueba para insistir que su cliente puede estar en la detención domiciliaria.