En medio de la intensa tensión que se vive en la Corte Suprema por la elección de fiscal, un hecho generó alerta y encendió las alarmas en la corporación. El alto tribunal tiene la misión de elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, de una terna de mujeres enviada por la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán, pues si bien la Constitución es la que plantea que el primer mandatario elija los nombres de ese ramillete, es la primera vez que existe un proceso tan avanzado contra un miembro de la familia presidencial, mediando esa coyuntura.
Tras la presentación de la terna, se ha generado una guerra en la opinión pública y movimientos muy cuestionados por parte de altos funcionarios para presionar una rápida elección. La misma vicefiscal Martha Mancera denunció en SEMANA que la Presidencia estaría detrás de una estrategia de desprestigio para que ella no pueda quedar a cargo, en el usual período de interinidad entre la salida de un fiscal y la elección del siguiente.
En ese contexto, hechos muy graves han sucedido en la Corte Suprema. Uno de ellos es un misterioso robo a un magistrado que ha sido señalado por el presidente Petro de querer torpedear el proceso. Se trata de Gerardo Botero, un jurista de la sala laboral, que interpuso una tutela, porque considera que en la conformación de la terna no se tuvo en cuenta la diversidad de género, y que debía haber, al menos, un hombre.
La tutela la presentó el 9 de octubre de 2023 ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Un día después, el 10 de octubre de 2023, el presidente Gustavo Petro Urrego, por medio de la red social X, afirmó que en caso de que se me diese la razón “quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal”.
Desde ese momento, según relata el magistrado, ha vivido la más infame de las persecuciones, especialmente en redes sociales. Ha recibido insultos y ataques que han atentado contra su dignidad y la del alto cargo que ejerce.
En esa andanada, el magistrado fue víctima de un robo muy misterioso. Aprovechando la vacancia judicial de fin de año, Botero tomó vacaciones con su familia y tuvo que interrumpirlas por una noticia que causó una preocupación mayor para él y su familia.
El pasado 3 de enero recibió la llamada de una vecina advirtiendo sobre movimientos sospechosos en la puerta de su casa. Llamó a las autoridades judiciales para que fueran a verificar y lo que encontraron fue aterrador: delincuentes entraron a la vivienda, revolcaron todo y se robaron el computador personal de Botero. Él no tiene duda de que quienes ingresaron a su residencia estaban buscando algo en particular y, al parecer, lo lograron. En su estudio revisaron cajón por cajón y se llevaron el portátil y otros dos equipos.
En el computador del magistrado había expedientes, memoriales, informes reservados, fallos, pruebas, tutelas, entre otros documentos confidenciales. Claramente, también estaban los argumentos y la tutela que presentó para solicitar que en la terna para fiscal fuera incluido por lo menos un hombre.
Su habitación, según reposa en la denuncia conocida por SEMANA, fue desordenada por completo. Los delincuentes esculcaron hasta los bolsillos de sus trajes. Sin embargo, a los investigadores les llama la atención que, aun cuando se llevaron otros objetos de valor, como joyas, no sucedió así con un televisor de última tecnología y varios elementos costosos y llamativos. Esto reafirma la tesis de que los intrusos sabían a qué iban.
“Entre los distintos objetos que me fueron hurtados, están tres computadores MacBook. Uno personal, que contiene información sensible de mi desempeño como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con proyectos de decisiones sobre asuntos que tengo asignados en diversos temas. Otro de mi hijo, que labora en la Cancillería, también con datos sensibles. Y un tercero de mi señora esposa, que es la tesorera de la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia y que agrupa a las esposas de los magistrados de la Corte”, dijo Botero.
El togado les ha solicitado a las autoridades vigilancia especial y que revisen su casa ante la posibilidad de que los delincuentes hubieran instalado y escondido dispositivos, como micrófonos o cámaras de video, para espiarlo.
Llama la atención que el 26 de septiembre, el mismo día que Petro modificó la terna para fiscal general, y antes de que Botero radicara la polémica tutela, ocurrió otro robo en la casa del magistrado, lo que le ha generado preocupación a él, a su familia y a los otros magistrados de la Corte que conocen la historia. En esa ocasión, el hurto fue bajo la modalidad de la “llamada millonaria”.
Ese día, entre semana, sobre las 10:00 de la mañana, llamaron al teléfono fijo de su casa cuando solo estaba la persona que trabaja en las labores domésticas. Con voz angustiada, un hombre le dijo a la mujer que sus jefes, el magistrado y su esposa, estaban envueltos en un lío de extorsión y se encontraban detenidos en el complejo judicial de Paloquemao y pronto iban a allanar la casa. Le pidieron que sacara todos los objetos de valor.
Esa llamada, según las indagaciones de las autoridades, tenía un elemento particular: quien hablaba conocía detalles precisos de la familia, lo que convenció con facilidad a la empleada, pero suscitó claras dudas sobre la intención del robo.
La investigación sobre el hecho está abierta y el magistrado incluso puso el tema en conocimiento de la relatora para la independencia judicial de las Naciones Unidas, pero pone nuevamente un manto de dudas sobre lo que está ocurriendo en la elección de uno de los cargos más claves para el país.