El Grupo Aval tiene listo un paquete de argumentos jurídicos para responder en el caso Odebrecht. Durante los dos años que ha estado en la opinión pública ese complejo proceso, amplios sectores de opinión han dado por sentado que los dueños del conglomerado, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, estaban al tanto del pago de sobornos y coimas que impulsó la constructora brasileña en este contrato, prácticas corruptas que la multinacional brasilera llevo a cabo en muchos otros países del mundo. En ese escándalo, que se dio en torno a la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II a un consorcio, Odebtrecht era el socio mayoritario con el 62%, y estaban también Corficolombiana, propiedad del Grupo Aval, minoritario con el 33%, y el grupo Solarte con un 5%. Los abogados del Grupo Aval y de la familia Sarmiento están convencidos de que llegó la hora de mostrar la otra cara de la moneda en este caso. Para ello, han reunido una artillería bastante completa de indicios y pruebas destinados a demostrar que Aval no sólo no participó en las decisiones que condujeron a los pagos ilegales, sino que, según ellos, los involucrados en los actos ilícitos hicieron esfuerzos constante por ocultarle la información a ejecutivos de Aval y a los Sarmiento. Aseguran, además, que cuando Aval y los Sarmiento descubrieron que del consorcio habían salido pagos multimillonarios sin la debida justificación, protestaron, exigieron claridad y obligaron a Odebrecht a restituir el dinero al mismo consorcio. Este último punto, el acuerdo entre Odebrecht y Aval para la restitución de esos dineros, que algunos críticos de la actuación de los Sarmiento han calificado como “un pacto de silencio”, es un argumento central dentro de la defensa que plantean los abogados de Aval. Alegan que ese acuerdo demuestra a las claras que “las acciones ilícitas se llevaron a cabo a espaldas del Grupo Aval y de los Sarmiento”, según asegura el abogado Jaime Lombana. “Si las directivas de Aval y los Sarmiento hubiesen estado de acuerdo en esos pagos ilegales -agrega el jurista- simple y llanamente Aval jamás habría podido reclamar que le dieran explicaciones sobre esos contratos irregulares a través de los cuales salió plata del consorcio, y muchísimo menos habría conseguido que esos dineros volvieran al consorcio, eso se cae de su peso”. Los brasileros y García Morales A principios de este año, cuando dos ejecutivos brasileros de Odebrecht, que tuvieron que ver con sus negocios en Colombia, se disponían a declarar en el juicio contra José Elías Melo, el presidente de Corficolombiana para la época de los hechos, hubo una ola de especulaciones en el sentido de que esos testigos iban a involucrar al grupo Aval y eventualmente también a sus propietarios en el pago de las coimas. Pero según la defensa del Grupo Aval, sucedió todo lo contrario. En sus declaraciones aseguraron que no podían afirmar ni tenían certeza de que Melo hubiese informado a Sarmiento Gutiérrez. Luiz Antonio Bueno contó que Melo le había dicho que pensaba informarle, pero el mismo Bueno que no le constaba que eso hubiese ocurrido. El otro testigo, Luiz Antonio Mameri, ante una pregunta específica sobre si otras personas o miembros del grupo Aval diferentes a Melo, habían tenido conocimiento sobre el acuerdo de pago de 6,5 millones de dólares al viceministro de Transporte Gabriel García Morales, declaró: “No sé indicar si otras personas tenían conocimiento”. García Morales, el viceministro de Transporte -y también director encargado del Inco (hoy Ani)- que colaboró con la justicia, aceptó haber recibido dinero de Odebrecht y fue condenado por ello, también ha negado cualquier conocimiento de que ejecutivos de Aval hubiesen participado en los hechos delictivos. En un interrogatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que lleva su propia investigación porque, aparte de ser delito, el pago de sobornos viola las normas de libre competencia, el ex viceministro dijo que él había acordado el soborno exclusivamente con funcionarios de Odebrecht. En el interrogatorio, ocurrido hace dos meses, el 19 de septiembre, y que hasta ahora no había sido divulgado, el ex viceministro García respondió con un categórico “No” a sucesivas preguntas sobre la participación en el acuerdo para el pago de las coimas, de ejecutivos de Corficolombiana, propiedad de Grupo Aval. Los abogados van a presentar también otro documento, hasta ahora desconocido, la resolución 67837 del 13 de septiembre de 2018. Según esa resolución “dentro del acervo probatorio recaudado hasta el momento, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar que Grupo Aval hubiese tenido conocimiento o prestado colabración en la configuración y ejecucion del acuerdo colusorio que se celebró con Gabriel Ignacio García Morales (entonces viceministro de Transporte y y gerente general encargado del Inco)”. La misma resolución agrega más adelante: “La conclusión evidente de esta circunstancia es que, de conformidad con el material probatorio recaudado, grupo Aval no habría participado en el soborno ofrecido y pagado...”. Aclaro, eso sí, que “Corficolombiana y Episol sí habrían celebrado un acuerdo anticompetitivo” con el entonces viceministro. Esto último lo niega el propio García Morales en su declaración de hace dos meses. Que no sepan Un argumento recurrente en contra de los propietarios del Grupo Aval es que Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien lleva 60 años al frente de su grupo de construcción y banca, es conocido por su capacidad de microgerencia, porque se mete en todas las decisiones de su enorme organización y porque vigila de cerca todos los procesos. En esto, para ellos, hay bastante de mito: aseguran que aunque eso podía ser cierto en los primeros años del grupo que Sarmiento montó, hoy es un imposible práctico. El Grupo Aval tiene más de 95 mil empleados y medio centenar de empresas, y control cada detalle de la administración de semejante emporio no es realista. En la declaración de Luiz Antonio Bueno, ejecutivo de Odebrecht y testigo en el juicio contra el ex presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, el declarante narra que, una vez pactado los pagos con el viceministro García Morales, él le contó a Melo, quien le dijo que por normas internas de compliance de Corficolombiana, esta compañía financiera no podía participar en esos pagos. Bueno le respondió que eso lo podían arreglar más adelante. Agrega Bueno que Melo le pidió en ese momento que tratara el tema exclusivamente con él y que no hablara con Alberto Mariño (alto ejecutivo de Aval). Y acto seguido Melo le dijo que él pensaba contarle a Sarmiento hijo. Pero luego, el propio Bueno declara que no le consta que Melo haya cumplido con esa tarea y que no hay evidencia de que Sarmiento hijo hubiese sido enterado. Lo que dijo Bula Otro argumento que presentarán tiene que ver con el testigo estrella del caso, el exsenador Otto Bula, quien reconoció su participación en el direccionamiento y pago de sobornos de Odebrecht en Colombia, y quien mantenía una relación estrecha y directa con funcionarios de Odebrecht en Colombia. El 17 de noviembre de 2018, Bula surtió una de sus varias declaraciones a la Fiscalía, cuando ya había aceptado su culpabalidad y negociaba su colaboración. Narró que Eder Ferracuti, alto ejecutivo de Odebrecht y responsable del consorcio, le contó un día que estaba “muy enojado y ofendido porque en una junta con los de Corficolombiana, los habían tratado mal, sobre todo a él como presidente de la concesionaria”. Agrega Bula: “... en otras palabras, le dijeron que se habían robado la plata. O sea, Corficolombiana decía que eso se lo habían robado los funcionarios de Odebrecht. Es más, me contó que Sarmiento papá y Junior los habían tratado muy mal y le dijeron que tenían que devolver la plata de todos esos contratos porque había sido un robo por parte de los brasileros”. La conclusión de los abogados es que, si los Sarmiento hubiesen estado de acuerdo o participado en la decisión y en el proceso del pago de las coimas, jamás habrían “tratado mal” a Ferracuti ni le hubieran dicho que los brasileros “se habían robado la plata”. “Si la salida ilegal de esos dineros del consorcio que se supone fueron a pagar las coimas, hubiese sido acordada con el Grupo Aval o con los Sarmiento -explica el Lombana- no tenía por qué haber motivo de indignación de parte de ellos con Ferracuti ni con Odebrecht”. Cuando el Grupo Aval descubre los dineros faltantes, que han salido en contratos irregulares desde el consorcio, sus directivos ordenan una auditoría en cabeza del contralor del consorcio, el fallecido Jorge Enrique Pizano, que buscaba establecer el monto de los dineros faltantes. A propósito de ello, Bula le dijo a la Fiscalía el 27 de noviembre de 2018 que los brasileros recogieron “pruebas falsas” para justificar la salida de esos recursos y engañar a los Sarmiento. Al respecto, cuenta Bula: “Tengo conocimiento de un correo que le mandó Marcio Marangoni (de Odebrecht) al señor Gabriel Dumar (otro testigo e involucrado en el caso), creo que con fecha de octubre de 2015, si no estoy mal (...) donde le decía a Gabriel Dumar que necesitba recopilar o hacer información sobre el contrato de Sion, pero dicha información tambièn hablaba de las empresas Torrosa, Presoam y RGQ Logistics (...) Necesitaban recoger información para presentarla a la junta que los había citado el grupo Sarmiento Angulo, a dar explicación sobre los supuestos contratos”. Y concluye Bula: “Entonces los brasileros, con prueba de este correo, le estoy demostrando que recogieron pruebas, puede decirse falsas, para presentárselas a Sarmiento Angulo en la junta”. Y aquí los abogados del Grupo Aval reiteran que si los Sarmiento hubiesen estado involucrados, no habrían sido necesario tratar de engañarlos con pruebas falsas sobre los contratos ficticios que sirvieron para sacar plata del consorcio y hacer los pagos ilegales y las coimas. La existencia de dicho correo presentado por Bula a la Fiscalía, sostienen los abogados de Aval, es corroborada por Gabriel Dumar ante la misma entidad, en una declaración en agosto de 2017, en la que dejo en claro que los documentos de soporte, las pruebas falsas para justificar los contratos, eran elaborados por empleados de los brasileros. Las pruebas en Brasil Entre algunos de quienes insisten en señalar que sí hubo participación de Grupo Aval y los Sarmiento en lo ocurrido, ha hecho carrera la idea de que en Brasil hay pruebas que no se conocen y que la Fiscalía colombiana no las investigó porque al frente de esa entidad estaba un amigo de los Sarmiento, quien fue por años su abogado, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Para contradecir esa creencia, los abogados de Aval sostienen que en Brasil no hay nada más y argumentan que la Fiscalía colombiana fue incluso más lejos que la de Brasil. Hace dos semanas, en una entrevista para El Tiempo, el exfiscal del caso, Andrés Jiménez, quien fungía como delegado contra las finanzas criminales y quien tuvo a su cargo buena parte de las indagaciones sobre este caso cuando dirigía la Policía Financiera de la Fiscalía, habló extensamente del caso Odebrecht y de otros que condujo en sus años en la Fiscalía. Jiménez, quien impulsó la cooperación con los investigadores brasileros, sostuvo: “Conocimos todo lo que tiene Brasil. Según lo que vimos con el fiscal con el que viajé, allá no se encuentra nada más, y todo lo que hay allí ya se indagó en Colombia. No van a encontrar nada distinto de lo que la Fiscalía ya investigó y les compulsó a la Corte y a la Procuraduría. Para junio de 2017, la justicia extranjera hablaba de coimas en Colombia en dos contratos por 11 millones de dólares, y para esa época la Fiscalía ya había establecido cuatro contratos corruptos: Ruta del Sol, Ocaña- Gamarra, Estabilidad Jurídica y Tunjuelo-Canoas, con pagos ilícitos que sumaban 84.000 millones de pesos, tres veces la suma revelada por la justicia gringa y la brasileña”. Con todos estos argumentos, los abogados de los Sarmiento esperan librar las batallas jurídicas que tienen por delante, y que incluyen procesos penales, investigaciones en la SIC, demandas civiles y acciones populares.