En la política hay permanete peleas como para alquilar balcón. En cambio los conflictos empresariales poco trascienden, como uno que está moviendo los cimientos del mercado energético. Desde hace un par de años están enfrentadas dos compañías, que por sus ingresos se encuentran entre las 30 más grandes del país. Han vivido en un matrimonio de 22 años al que le llegó la crisis. Hoy, las apartan diferencias que podrían superar los 1.200 millones de dólares. En una esquina está el Grupo Energía Bogotá (GEB), considerada la joya de la corona de la capital, en el que la ciudad participa en 65,7 por ciento. Tiene operaciones en Brasil, Perú y Guatemala, en los negocios de energía y gas. En la otra está Enel, multinacional italiana con presencia en 34 países. En América Latina trabaja en Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Además, es uno de los jugadores más fuertes en energías renovables no convencionales. Estas dos firmas son socias en Codensa, empresa que maneja la distribución de energía en Bogotá y Cundinamarca, y atiende cerca de 24 por ciento del mercado nacional. También en Emgesa, que tiene más de 20 por ciento de la capacidad instalada de generación en el país. Durante casi dos décadas, el matrimonio funcionó. Inició cuando la entonces Empresa de Energía de Bogotá (EEB) atravesaba una de sus más profundas crisis: venía del escándalo financiero del proyecto hidroeléctrico del Guavio y de padecer un intenso racionamiento de energía. Era una empresa inviable. El Distrito, encabezado entonces por el alcalde Antanas Mockus, buscó aliados que trajeran recursos, conocimiento y negocios. En 1997, la EEB quedó escindida en generación, distribución y transmisión. Tras el proceso de venta, el consorcio Capital Energía, conformado por Endesa de España y Endesa de Chile, se quedó por 810 millones de dólares con el negocio de generación, con lo que nació Emgesa. Por su parte, Luz de Bogotá –en el que participaban Endesa de España y Enersis y Chilectra de Chile, de las que era accionista Endesa de España– compró el negocio de distribución y le dio vida a Codensa, por 1.085 millones de dólares. Y la EEB se quedó con el negocio de transmisión
El GEB se queja de que Enel no permite que Emgesa, de la que ambos son socios, desarrolle el negocio de energías renovables no convencionales. Desde el comienzo las relaciones quedaron determinadas por un acuerdo marco de inversión, en el que la EEB, hoy GEB, tendría la mayoría en Emgesa y Codensa, pero los nuevos inversionistas conservarían el control y la operación de las compañías. A finales de la década pasada, Enel adquirió a Endesa y cambió el socio. Por años vivieron una luna de miel. Pero varios hechos desencadenaron la crisis: el reparto de las utilidades, el desarrollo de los negocios en energías renovables, el uso de la marca Enel y denuncias por conflictos de interés. Hoy la disputa, que está en manos de abogados y tribunales de arbitramento, ya escaló y se ha convertido en una verdadera novela. Tiene investigaciones de la Contraloría de Bogotá y procesos en la Fiscalía por denuncias de chuzadas ilegales y espionaje corporativo. Este panorama surge en medio de un deterioro en el servicio de distribución de energía de Codensa, que tiene preocupada a la Superintendencia de Servicios Públicos. Aunque también coincidió con el inicio del periodo de gobierno de la alcaldesa Claudia López. Astrid Álvarez, presidenta del GEB, ha liderado los pleitos judiciales contra Enel y, por la característica de su cargo, tenía un periodo fijo que vencía este El Grupo Energía Bogotá (GEB) y Enel protagonizan un intenso conflicto empresarial. Una novela con ingredientes no solo corporativos, sino también penales. Cortocircuito en un exitoso modelo de alianza público-privada. La pelea puede superar los 1.200 millones de dólares. año. Sin embargo, en diciembre pasado la junta directiva de la alcaldía de Enrique Peñalosa la ratificó por dos años más, lo que no cayó bien en la nueva administración.
La alcaldesa Claudia López, junto con los minoritarios, conformó la nueva junta directiva del Grupo Energía Bogotá. Quimbo ha sido uno de los proyectos emblemáticos de Emgesa. Hubo tanto malestar que la empresa convocó a una asamblea extraordinaria hace tres semanas para designar los nuevos integrantes de la junta, en una plancha construida con los minoritarios –más de 7.000 accionistas y los fondos de pensiones– en medio de una gran tensión. ¿Por qué dos empresas tan poderosas rompieron una relación exitosa, considerada por muchos la mejor alianza público-privada del país y ejemplo para el mundo? De luna de miel a luna de hiel La relación empezó a deteriorarse en 2016. Varias señales minaron la confianza y terminaron, en principio, en 38 tribunales de arbitramento interpuestos por el GEB contra Enel. Tras un proceso de acumulación, hoy la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla tres tribunales: uno con la demanda contra Enel Américas por el incumplimiento en los acuerdos marco de inversión, que, a juicio del GEB, estaría marchitando las compañías. Y otros dos que se refieren a procesos de impugnación de las actas de juntas directivas y asambleas de Emgesa y Codensa. En los tribunales discuten varias diferencias. Una, el desarrollo de las energías renovables no convencionales, como la eólica o la solar. Colombia está cambiando su matriz energética, y busca pasar de 1 por ciento de participación de este tipo de energías a más de 20 por ciento a 2030. Discuten por la venta, en 2015, que hizo Emgesa a Enel Green Power, filial de Enel, de unas torres de medición de vientos ubicadas en La Guajira. Para hacerlo, la junta decidió que Emgesa no tenía la capacidad para desarrollar esos proyectos. Según la empresa italiana, en la zona de las torres no había proyectos ni estudios de viabilidad. La discusión va más allá: para el GEB, Enel se ha negado a que Emgesa genere energía renovable no convencional, pero la empresa italiana sí lo está haciendo, desde 2012, por medio de Enel Green Power. En la subasta de hace un año esta ganó el desarrollo de los proyectos eólicos Windpeshi, Tumawind y Chemesky en La Guajira, y los solares El Paso y La Loma en Cesar. En la demanda, el GEB tiene una pretensión inicial por 57 millones de dólares por daño emergente en las torres de medición. Pero también busca que el tribunal declare el incumplimiento del acuerdo, lo que impide a Emgesa desarrollar estos negocios. Y, además, que ordene integrar los activos de Enel Green Power a Emgesa y, si no es posible, indemnizar al grupo. A pesar de las diferencias, Enel le propuso al GEB que se asociara con Enel Green Power, en una participación de entre 30 y 40 por ciento. Sin embargo, el acercamiento no tuvo éxito porque el GEB considera que su participación debe ser igual a la que tiene en Emgesa. Pero en este punto subyace la pregunta de si hay pactos de exclusividad en el desarrollo de los negocios, según el acuerdo marco. Unos consideran el modelo a perpetuidad y no una concesión; otros advierten que en el acuerdo no hay cláusula explícita que la determine. El otro florero de Llorente llegó con la repartición de dividendos. Desde el inicio de la alianza, tanto en Emgesa como en Codensa se repartían la totalidad. Sin embargo, en 2016, Enel, que tiene el control de las compañías, decidió entregar solo 70 por ciento. La situación se repitió en 2017 y 2018. A juicio del GEB, este hecho va en contra los acuerdos marco de inversión. Para Enel, hay circunstancias de manejo de caja, riesgos regulatorios y comerciales que pueden afectar la situación financiera, por lo que recomienda no distribuir la totalidad de los dividendos. No obstante, según esta empresa, esos recursos están en el balance en una cuenta denominada utilidades retenidas pendientes de distribuir y forman parte del patrimonio de las firmas. GEB considera que con la menor distribución de dividendos ha dejado de recibir en los últimos tres años más de 632.000 millones de pesos, que impactan a su vez las inversiones del Distrito. Y estima que entre 2016 y 2023, de continuar esta política, dejaría de recibir 1,9 billones de pesos. El tercer frente de discusión es por el uso de la marca. Por casi dos décadas, Emgesa y Codensa manejaron independientemente sus identidades. Sin embargo, la decisión de Enel de unificar su marca en el mundo incluyó también a Colombia. Mientras para la multinacional se trata de un posicionamiento global, para el GEB es una pérdida de valor y no una evolución de la marca. Tiene pretensiones iniciales en los tribunales por 278 millones de dólares. Asimismo, el GEB cuestiona la forma como las administraciones de Emgesa y Codensa contratan servicios y suministros, por cuanto los hacen por medio de la casa matriz, lo que genera conflictos de interés. Para Enel, se trata de buscar los mejores precios y economías de escala. Al GEB también le preocupa la creación de Enel X para desarrollar negocios como la movilidad eléctrica, que deja por fuera a Codensa. Más allá de los tribunales Como si fuera poco, además de este gigantesco galimatías judicial en lo corporativo, otros hechos empezaron a golpear la relación. Según el GEB, para enfrentar este conflicto buscó asesoría a fin de averiguar cómo funciona Enel en el ámbito global. Porque, en su concepto, las prácticas que desarrollaba la empresa italiana en Colombia eran muy similares a las realizadas en otros mercados. El GEB advierte que tras un proceso de evaluación de seis firmas, contrató directamente el 22 de junio de 2018 a la firma especializada Berkeley Research Group Colombia (BRG), en un contrato por 2.000 millones de pesos más gastos reembolsables. En las propuestas de BRG al GEB ofrece, además, inteligencia estratégica corporativa y apoyo en litigios. En ellas evalúa riesgos, vigila inversiones y hace perfilamiento de personas. Pero en septiembre de 2018, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, lanzó una bomba: anunció el inicio de averiguaciones en torno a personas que trabajan en investigaciones empresariales. Y, unos días más tarde, la Fiscalía capturó a Laude Fernández, representante legal de BRG, y lo vinculó a interceptaciones y chuzadas. El GEB argumenta que tras el anuncio de Martínez Neira, le pidió a BRG certificar la legalidad de sus métodos y agrega que en el objeto del contrato con BRG, el contratista se obligó “a ejecutar todas las actividades y servicios contratados dentro del marco de la legalidad”. Fernández en principio había salido en libertad, pero lo recapturaron en octubre de 2018 y el GEB inició el proceso de liquidación del contrato, que concluyó el 25 de abril de 2019. El 5 de mayo la Fiscalía capturó a Fabio Martínez, fiscal 32 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel, Lucio Rubio, contraparte del GEB.
Lucio Rubio, presidente de Enel, y Astrid Álvarez, presidenta del GEB, lideran a sus empresas en los tres tribunales de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Adicionalmente, también aparecieron interceptaciones contra Felipe Jaramillo, un abogado del Eje Cafetero con el cual el GEB ha tenido diferencias jurídicas y sobre quien BRG estaba recabando información contratada por el GEB. Rubio, Jaramillo, Codensa y Emgesa se vincularon como víctimas del proceso. De acuerdo con el GEB, también actúa como víctima ante la Fiscalía. En la audiencia de Laude Fernández, el juez determinará a quién reconocerá como víctima. Esta audiencia fue aplazada y aún no hay fecha. La Contraloría de Bogotá protagonizó el más reciente capítulo de esta tormentosa novela. Este ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Astrid Álvarez y otros tres funcionarios del GEB por irregularidades en el contrato con BRG y detrimento patrimonial. Ordenó en la decisión embargar el sueldo de Álvarez. El GEB pagó cerca de 240 millones de pesos por un contrato previsto por 2.000 millones, pero canceló más de 3.000 millones en gastos reembolsables sin soportes ni facturas, aunque el GEB asegura que sí existen. El contralor distrital, Juan Carlos Granados, aseguró a La W que no ha podido corroborar que usaron este dinero para las chuzadas. La situación parece haber llegado a un punto sin retorno, donde hay preocupación por el impacto en las empresas, como en el caso de Codensa por la pérdida en la calidad de su servicio. También hay inquietud por el futuro de la alianza, que podría romperse y llegar a un escenario de “me compra o le compro”. Y por la suerte de los minoritarios en el GEB. Las próximas semanas vendrán incidencias claves en este caso. Por el avance del proceso de los tribunales de arbitramento, por la evolución del caso de las chuzadas en la Fiscalía, pero también porque entrará en funciones la nueva junta directiva del GEB, que al cierre de esta edición tenía su primera reunión. Esta historia aún no ha terminado.