Las obras públicas que se construyen en las zonas donde hacen presencia las organizaciones por fuera de la ley en Antioquia están en riesgo. Los delincuentes les exigen a los contratistas y a las administraciones municipales una cantidad de dinero para dejarlos trabajar. Cerca de 40.000 millones de pesos estarían tambaleando.
Los casos se han reportado en los municipios de Yondó, Peque, Segovia, Briceño y El Bagre. Los grupos armados piden el 10 por ciento del precio del proyecto para condicionar su desarrollo. En la lista de emisores violentos aparecen los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, según la Policía.
En el Bajo Cauca los mensajes llegan directamente a los mandatarios locales con el sello del grupo que lideró alias Otoniel. Por la edificación de dos placas deportivas y una ciclorruta impusieron una multa de 300 millones de pesos. En consecuencia, se paralizaron las iniciativas hasta que las autoridades les dieron seguridad.
En el Magdalena Medio se imponen las extorsiones del brazo armado del ELN Darío Ramírez Castro. Sus integrantes envían las comunicaciones con los contratistas y presionan con los símbolos característicos de la organización. La Gobernación de Antioquia asegura que el panorama es crítico en esta subregión.
Los ilegales ponen la lupa sobre las grandes construcciones, pues saben que la cartera es amplia. El comodín son los planes de infraestructura financiados por el Gobierno nacional para implementar el acuerdo de paz de 2016 en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
De acuerdo con los cálculos expuestos por la Secretaría de Seguridad y Justicia departamental, los contratistas víctimas de las exigencias económicas están maniobrando para ejecutar iniciativas apalancadas con recursos del Ocad Paz por más de 40.000 millones de pesos.
Al parecer, la suma de las extorsiones a los proyectos públicos en esta región de Antioquia acumularía hasta 4.000 millones de pesos. Como retaliación por no asumir los pagos, los grupos delincuenciales estarían incinerando los vehículos de los constructores y la maquinaria amarilla que se utilizan en las adecuaciones.
“Las obras que estarían siendo perjudicadas por este parásito de la extorsión por el ELN sería con cobros de hasta un 10 por ciento. Las víctimas son personas naturales y jurídicas. Además de los proyectos, hay denuncias por exigencias a comerciantes y ganaderos”, dijo el secretario de Seguridad, Oswaldo Zapata.
Para contener los estragos violentos de los ilegales, las autoridades departamentales están dispuestas a entregar hasta 30 millones de pesos de recompensa a cambio de información que ayude a identificar y judicializar a los líderes de estos procesos delincuenciales en la región.
Paralelamente, las administraciones locales les pidieron a los integrantes del ELN verdaderas muestras de reconciliación a raíz de su intención de transitar hacia la legalidad. En medio de un consejo de seguridad, reconocieron que parar los homicidios es importante, pero también las extorsiones.
“La escalada de estos hechos afecta de forma transversal a la comunidad, la institucionalidad e, incluso, el progreso y desarrollo de regiones que han sido afectadas históricamente por la violencia. Por estos hechos se han priorizado inversiones”, puntualizó el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría.