Gustavo Bolívar publicó en sus redes sociales que se encontró con Rebecca Sprößer, la alemana que fue deportada por Migración señalada de hacer parte de la primera línea en Cali.

El senador y la joven mantuvieron un encuentro en México, donde acordaron realizar tres proyectos “para la memoria del estallido social”. Los detalles serán revelados este martes a las 7:00 p. m., según dijo.

La noticia ha generado revuelo, pues el trino, con tan solo unas horas de publicado, ya tenía más de 5.000 likes y cerca de 200 comentarios. Hay quienes celebran la unión de ambos personajes de izquierda, pero varios rechazan el encuentro, por lo que “esto pueda representar para el país”.

En el perfil de la mujer hay algunos posts sobre un nuevo evento de manifestación social para el 10 de noviembre en Cali. Este, según la publicación, será un “encuentro masivo”.

Cabe recordar que Sprößer fue señalada de hacer parte de la primera línea en Cali durante el paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 y por ello fue deportada del país.

Tiene 34 años y nació en Fráncfort del Meno, uno de los centros económicos más importantes al oeste de Alemania. Es ingeniera industrial, administradora de empresas y azafata. En principio, viajó a Cali para conocer la cultura de la ciudad y aprender a bailar salsa, pero durante su visita estalló el paro y empezó a documentar la protesta para medios alemanes.

Después de ser descubierta por las autoridades y posteriormente deportada, la mujer aseguró que tomaría acciones legales para defender sus derechos, pues según ella su expulsión fue realizada de manera ilegal. El 19 de agosto reapareció en un video publicado en la cuenta de Twitter del abogado Juan Trujillo, en el que la mujer afirma que le fueron violados sus derechos, acusando al Estado colombiano.

“He dado poder al abogado Juan Trujillo y su equipo para que defiendan mis derechos y garantías vulnerados por las autoridades colombianas”, dijo Sprößer.

Luego de ello, por medio de una acción de tutela, la alemana señaló que su detención y expulsión del país vulneró sus derechos, motivo por el que el juzgado 38 administrativo oral de Bogotá admitió estudiar la situación.

La tutela fue radicada por abogados representantes de la alemana, que alegan que la Presidencia de la República, la Cancillería y Migración Colombia habrían violado los derechos fundamentales de la ciudadana.

Los derechos presuntamente violados fueron la libertad de opinión, prensa e información, y las garantías constitucionales para estar en el país.