En un hecho preocupante, el presidente Gustavo Petro reaccionó amenazante ante el fallo de la Corte Constitucional que tumbó una norma que el Gobierno había incluido en la reforma tributaria, que no permitía que los desembolsos realizados por regalías de parte de las empresas minero-energéticas pudieran ser deducidos en el impuesto de renta a su cargo.
Ante la decisión, el presidente Petro advirtió: “Le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión, que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.
Dentro de esa mención era claro el mensaje: la justicia estaba ahí en primera línea. Parecía una retaliación, una mordaza, un castigo por no fallar como el presidente quería, buscaba y necesitaba.
En los sectores más especializados, el trino se entendió inmediatamente como un ataque contra la independencia de la Corte Constitucional. Una injerencia indebida del Poder Ejecutivo que podría tener consecuencias nefastas no solo para esa corte, sino para la Fiscalía, los organismos de control y toda la rama judicial.
Las voces de la oposición lo advirtieron. “Autoritario y muy peligroso el anuncio de Petro. Como no le gustan las decisiones de la Corte Constitucional, amenaza con recortar el presupuesto para las ramas del poder público, incluida la justicia que tanto necesita de los recursos”, dijo la senadora María Fernanda Cabal.
“Suena a amenaza. Yo creo más bien que le toca al ministro de Hacienda dejar de girar ‘por no matar’ en vez de amenazar con recortarte al presupuesto de la justicia”, agregó Clara Lucía Sandoval.
La decisión del alto tribunal se da tras revisar una demanda presentada en contra de esta normativa. La Corte estudió el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, por medio de la cual se adoptó la reforma tributaria.
En la sentencia, se determinó que el artículo vulneraba uno de los principios de justicia y equidad tributarias. Los ponentes de la decisión son los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger.
Se apartaron del fallo el magistrado Juan Carlos Cortés González, que salvó su voto, y la magistrada Natalia Ángel Cabo, que lo salvó parcialmente. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo anunciaron que aclararán el voto.
En otro trino, el primer mandatario explicó lo que buscaba el gobierno con la medida. “¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalías?
1. Que se considera que la regalía es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo.
2. Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible”.
La decisión era de tal magnitud, que la misma Corte Constitucional había llamado a una audiencia pública para escuchar a las partes interesadas en ese proceso.
Para defender el artículo, el Gobierno llevó toda su artillería a esa cita. El ministro de Hacienda, el director de la Dian, la entonces ministra de Minas, representantes de Contaduría Pública (entidad que lleva las cuentas del Estado), entre otros.
El ministro Bonilla dijo en esa oportunidad que “las regalías son una contraprestación al Estado de algo que le pertenece, pero que lo extrajo un particular”. Y explicó que, de esa manera, si se extraen 100 barriles de petróleo, 65 son para el privado y 35 para el Estado.
Por lo tanto, al permitir la deducibilidad, según argumentó el jefe de las finanzas públicas, “se le estaría entregando al particular una propiedad que nunca fue suya y, de paso, afectando el presupuesto general, con lo cual se desfinanciarían sectores como el ambiental, el de deportes, para mencionar solo unos ejemplos”.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tras conocer la decisión, aseguró que era “previsible que se tumbara semejante artículo tan técnicamente absurdo de la última reforma tributaria. Es obvio que las regalías no son ingresos del particular, sino de la nación y no tiene sentido que se impida su deducibilidad. De los grandes errores de esa reforma que tristemente envió un mensaje de desconfianza en el sector de hidrocarburos. Ahora el lío es buscar 5 billones de más para garantizar la sostenibilidad del presupuesto de la nación de 2024. Un camino que recomiendo es anunciar pronto un congelamiento presupuestal tan pronto inicie 2024, que enfrente el problema sumado a otros ingresos que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha puesto en duda. Un nuevo desafío fiscal”.