El fiscal Francisco Barbosa llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares de “extrema urgencia” ante unos graves señalamientos, que según el jefe del ente acusador, están en voz y nombre del presidente Gustavo Petro.
Barbosa aseguró que el entonces senador, luego candidato y ahora presidente, generó “sentimientos de odio” en contra del fiscal, la Fiscalía y los funcionarios del ente acusador, por cuenta de una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales que llevaron a escenarios de violencia de diferentes sectores de la sociedad.
En un documento de 150 páginas, el fiscal Francisco Barbosa solicitó de manera formal medidas cautelares para restaurar los derechos que a su criterio fueron vulnerados con la diatriba del presidente Gustavo Petro en contra del fiscal y la institucionalidad del país, además de la honra con calificativos para endilgar responsabilidades.
Durante el extenso documento radicado en la comisión, el fiscal separó, en diferentes momentos, las intervenciones y declaraciones del presidente de la República, cuando fue senador, luego candidato y posteriormente primer mandatario de los colombianos. En cada uno de esos escenarios, el fiscal explicó en detalle de qué forma afectó sus derechos.
Para el fiscal Francisco Barbosa, las declaraciones y opiniones expresadas por el presidente de la República, a través de sus redes sociales, generaron situaciones de riesgo no solo para el jefe del ente acusador o los funcionarios de la misma Fiscalía, sino en diferentes sectores de la sociedad que debieron enfrentar asonadas criminales por quienes consideraban reales los señalamientos.
El documento
Los argumentos del fiscal general Francisco Barbosa, para pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de “extrema urgencia”, se condensan en un documento de 150 páginas que al tiempo se convierte en una relato cronológico de los encuentros y desaciertos virtuales del hoy presidente Gustavo Petro.
El fiscal dividió en tres momentos los hechos y acciones que explican la necesidad de las medidas cautelares, aun después de dejar la Fiscalía en febrero de 2024. En el repaso que hizo el fiscal en su solicitud se lee a Gustavo Petro como senador, candidato y luego presidente.
En cada escenario, el fiscal hizo un riguroso análisis del discurso del presidente y cómo cada pronunciamiento estuvo orientado a desinformar, pero sobre todo a tejer un manto de duda sobre la gestión del fiscal y la actividad de la Fiscalía, una ofensa a la institucionalidad que más tarde mutó en hechos de riesgo para el jefe del ente acusador.
Petro senador
Fueron varios los momentos en que el entonces senador Gustavo Petro usó las redes sociales para motivar actos de odio en contra del fiscal Francisco Barbosa. Se trata, según el documento, de señalamientos personales e institucionales que intentaban vincular al fiscal con hechos constitutivos de delitos.
El fiscal expuso una serie de publicaciones en redes sociales del entonces senador Gustavo Petro, mientras lo vincula con hechos que, a consideración del jefe del ente acusador, provocaron sentimientos de odio y violencia, no solo en su contra, sino de su familia.
“Con las publicaciones en redes sociales demuestra una conexidad y sistematicidad. Señalamientos personales, institucionales del ahora presidente de la República que pretende vincular con conductas reprochables desde el punto de vista penal y disciplinarios y estimula en mi contra, de mi familia y la propia institucionalidad animadversión y acciones violentas de diferente índole”, señala el documento.
Petro candidato
El fiscal Francisco Barbosa resumió otra serie de hechos que fueron atribuidos, nuevamente, al presidente Gustavo Petro, ahora como candidato. De acuerdo con Barbosa, en su extenso documento, los señalamientos aumentaron en el curso de la campaña electoral, a través de publicaciones en redes sociales, y pusieron en riesgo su seguridad mientras advertían escenarios de impunidad en el trabajo de la Fiscalía.
- “El fiscal general va hacia el camino de garantizar impunidad en los crímenes de estado*”, “encubre el delito y eso mismo es un delito”.
- “(...) el fiscal general no está cumpliendo sus deberes”.
- “El fiscal Barbosa está buscando la impunidad de los militares que violaron la niña de 12 años”.
- “(...) volvemos a los tiempos de los allanamientos de Turbay Ayala. Ahora agenciados por el Fiscal amigo de Duque*”.
- “La selección del fiscal amigo de Ordóñez, hecha por el fiscal Barbosa es una verdadera burla a la justicia colombiana”.
Durante las jornadas de protesta que antecedieron la campaña electoral ocurrieron escenarios de confrontación que luego en la campaña electoral del entonces candidato Gustavo Petro fueron atribuidos a la Fiscalía y al propio fiscal Francisco Barbosa. El propósito, según el documento, era deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y los funcionarios de la entidad.
“Lo anterior evidencia que las intervenciones constantes y consistentes en redes sociales por el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, buscaban el desprestigio no solo personal del suscrito, sino institucional en mi calidad de fiscal general de la nación de Colombia, para deslegitimar el ejercicio del cargo por parte del suscrito, generando resentimientos y odio en un sector de la sociedad colombiana afecto a las convicciones del primero, provocando además reacciones violentas en la conciencia colectiva”, advierte el documento.
Petro presidente
El documento también advierte de las acciones, comentarios y opiniones que Gustavo Petro ha hecho como presidente en contra del fiscal y la institucionalidad del país. Para Francisco Barbosa, el primer mandatario mantuvo su diatriba de constantes pronunciamientos contra la Fiscalía y el propio fiscal, ahora con mayor alcance dada la condición de su cargo como presidente de los colombianos.
En esta nueva etapa fue más incisivo el presidente Gustavo Petro, según el documento, dado los recientes hechos denunciados por SEMANA y otros medios de comunicación sobre hechos judicializados. Estos últimos dejan en tela de juicio la transparencia en algunas dependencias de la misma Presidencia, como el caso de las chuzadas a la niñera, los llamados audios de Benedetti y, un caso más cercano, las entrevistas de Nicolás Petro y Day Vásquez.
“Basta este solo hecho, debidamente documentado, para probar que los sentimientos de odio sembrados en colectivo social a través de las redes sociales pueden llegar a materializar hechos violentos, que no solamente se quedan en ataques verbales a la dignidad de las personas e instituciones, sino que se materializan violencia física y actos de terrorismo contra los bienes de la entidad que represento”, señala la solicitud de medidas cautelares.
El resumen de hechos y pronunciamientos son, en criterio del fiscal, los argumentos para entender la situación de riesgo en que queda ahora como jefe del ente acusador y el otro año como ciudadano. De ahí que acuda a la CIDH por garantías a través de las medidas cautelares de urgencia en la protección de cuatro derechos que considera afectados: a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad y, finalmente, a la familia.