En los últimos días, el presidente electo Gustavo Petro y miembros de su equipo han dado luces de las reformas que presentarán al Congreso luego del 7 de agosto. La más importante y que concentra la atención es la tributaria que se discutirá en el segundo semestre.

Aunque el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, no se ha referido al asunto, Ricardo Bonilla, asesor económico de Petro en campaña, ya dio algunas pinceladas, y la duda que existe es si lo que se prometió en la campaña quedará atrás. ¿Habrá moderación o, por el contrario, se endurecerá lo anunciado?

Bonilla dijo, por ejemplo, que Petro no necesitaría 50 billones de pesos, como se dijo inicialmente, sino que el recaudo podría ascender a 75 billones, una cifra nunca antes vista. El exsecretario de Hacienda de Bogotá también aclaró que los principales contribuyentes ya no serán las 4.000 personas más ricas, sino que serán 40.000, un número que puede impactar a la clase media, según analistas.

Hay quienes comparan el proyecto de Petro con el que presentó en su momento el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. “Una reforma así es ambiciosa y fantasiosa, teniendo en cuenta que la de Carrasquilla buscaba recaudar 25 billones, y esta va por tres veces más. Es confuso y genera incertidumbre”, aseguró Juan Felipe Bernal, director del doctorado en Economía de la Universidad Javeriana.

Otro punto que le preocupa al académico sobre la propuesta de Bonilla es que se pretenda cobrar un impuesto al patrimonio por encima de los 1.000 millones de pesos. Los analistas coinciden en que esto también podría afectar a la clase media, un sector de la población a la que Petro prometió no tocar. Un punto adicional que inquieta es que las personas naturales podrían empezar a declarar renta a partir de los tres millones de pesos mensuales, es decir, unos 36 millones de pesos anuales.

Aunque algunos economistas concuerdan con la idea de que es necesario ampliar esa base gravable, a Petro le tocaría ajustar sus promesas de campaña para lograr su aprobación en el Congreso. Y así con otras que impactan otros frentes de la economía. Por ejemplo, prometió suspender todas las nuevas exploraciones de petróleo. “Eso tiene un efecto. Si se detienen los contratos, no habrá producción y le pone un horizonte finito a los ingresos”, explicó Bernal.

El impacto de las decisiones que puede estar pensando el nuevo gobierno ya se están sintiendo en los mercados nacionales e internacionales. “No es un secreto que gran parte de los recursos del país provienen del petróleo. Petro necesita cumplir su programa de gobierno y ahora se va a quedar sin los ingresos de Ecopetrol, le toca moderarse en este tema”, señaló el concejal de Bogotá Óscar Ramírez, del Centro Democrático.

Si quiere contar con el respaldo de todos los sectores políticos en el Congreso, lo más probable es que Petro tenga que ajustar las promesas más duras de su campaña, las mismas que generan temor en un sector de la población.

En el caso de los impuestos a las tierras improductivas, un hecho que muchos han interpretado como una “expropiación”, la reunión con el expresidente Álvaro Uribe fue fundamental. Hay otro temor frente al plan de Petro de desestimular el ahorro en los fondos privados de pensiones o eliminar las EPS. ¿Qué postura tendrán al respecto los partidos que se han subido al acuerdo nacional y que en el pasado rechazaban esas ideas?

Lo mismo pasará con el metro de Bogotá y el plan del nuevo presidente de revisar el avance de la construcción de la primera línea elevada. ¿Frenará la obra pública más grande del país, abriendo un multimillonario pleito con los concesionarios chinos?

En el caso de Hidroituango, Petro había dicho hace un tiempo que si llegaba al poder le sonaba la idea de “desembalsar” la megaobra. Ahora se ha moderado y ha dicho que lo que le preocupa es que vaya a entrar en funcionamiento previamente y se pueda cometer algún error.

Petro deberá ser hábil para mantener contentos a todos los sectores que ha acercado hasta ahora, aunque muchos críticos temen que su gobernabilidad pueda generar que se aprueben las reformas sin mayores debates.